08 diciembre 2017

El TSJC reconoce por primera vez como enfermedad profesional un cáncer de esófago causado por el amianto

En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto




El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido en una sentencia que el cáncer de esófago que sufrió un trabajador fue causado por la repetida exposición e inhalación de polvo de amianto de la fábrica de Castelldefels (Barcelona) donde trabajaba. En consecuencia, los magistrados han declarado el cáncer provocado por el amianto como una enfermedad profesional.
En una sentencia, el TSJC ratifica el fallo pionero del juzgado de lo social 3 de Barcelona  y desestima el recurso presentado por la empresa Rocalla, después absorbida por Uralita, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su marido trabajó durante veinte años en la planta de Rocalla de Castelldefels, dedicada a la fabricación de productos con fibrocemento derivados del amianto. El proceso judicial todavía tiene una instancia a la que apelar, el Tribunal Supremo.
El alto tribunal catalán confirma así la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional a la esposa del trabajador que murió a causa del cáncer de esófago, y obliga la Seguridad Social a incrementarle la pensión de viduedad hasta el 52% de la base reguladora de 16.245 euros anuales.
Según el Col·lectiu Ronda, que representa a la viuda del trabajador fallecido, la resolución del TSJC es importante porque el cáncer de esófago hasta ahora no estaba incluido en el baremo de clasificación de las enfermedades profesionales provocadas por el amianto. Sí lo estaban otros tipos de cáncer, como el de laringe o el de pulmón.
Recientemente otro colectivo de trabajadores ha iniciado una batalla legal para que la ansiedad provocada por la exposición al amianto también se considere enfermedad profesional. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
La calificación de enfermedad profesional implica una responsabilidad económica por parte de la empresa, tanto para el trabajador como para su familia en caso que el empleado fallezca, como este caso. Para la viuda del trabajador de la Rocalla, supondrá conseguir más del doble de indemnizaciones de la Seguridad Social y de la empresa por no haber protegido suficientemente los derechos laborales y la salud del fallecido.
El amianto es un producto que durante décadas se usó para fabricar elementos para la construcción como el fibrocemento. El problema es que sus efectos no aparecen en las personas hasta, a veces, décadas después de haberse contagiado. Esto provoca que tanto los tratamientos como las indemnizaciones muchas veces no lleguen a tiempo para subsanar los efectos del producto en la salud de los trabajadores de las centenares de industrias en España expuestos al amianto.

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: eldiario | Autor: CatalunyaPlural.cat

07 diciembre 2017

Retiran la pensión a una chica con un 91% de discapacidad y le obligan a devolver casi 12.000 euros



El Instituto Murciano de Acción Social argumenta su decisión en que en 2016 su familia superó en 500 euros la horquilla máxima de ingresos anuales marcada por el IMAS
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, ha resuelto retirar la pensión no contributiva a Miriam Pérez García, una chica cartagenera de 29 años con un 91% de discapacidad. Además, Miriam deberá devolver 11.798,75 euros en el plazo de un mes, al considerar el IMAS que fueron “percibidos indebidamente” durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2017.
La decisión del IMAS se debe a que en 2016 la familia de Miriam superó la horquilla máxima de ingresos anuales marcado por el Instituto en 500 euros, según informa eldiario.es.  
En concreto, en su resolución el IMAS afirma que “los ingresos de la Unidad Económica de Convivencia de 40.515,95 euros/año 2016, son superiores al límite de acumulación de recursos establecido en 39.917,15 euros/año 2016, 40.025,65 euros/año 2017 para una Unidad Económica de Convivencia integrada por la beneficiaria, su madre, su padre y su hermano”.
Un error médico le provocó a Miriam al nacer una parálisis cerebral que la dejó con una discapacidad del 91%. Desde hace 15 años, ha cobrado una pensión no contributiva, que ha permitido a su familia costear servicios de fisioterapia, además del pago de medicinas preventivas que no cubre la Seguridad Social. 
El padre de Miriam explica a eldiario.es. que la decisión tomada desde la institución pública se debe a que en 2016 su familia superó la horquilla máxima de ingresos anuales marcado por el IMAS en 500 euros.  Ese año, el padre recibió una paga extra de funcionario que se le debía del 2012 y de la que no tuvo notificación. A este ingreso extra se le sumó el que provenía del trabajo de su otra hija, "cuyo sueldo va variando y no llega a 2.600 euros anuales". 

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: lacronicadelpajarito

03 diciembre 2017

Las familias monoparentales, al borde del abismo: 4 de cada 10, en riesgo de pobreza

Una mujer arrastra por la nieve el trineo en el que va montado su bebé. / Alexander Dummer (Pexels)
“Me sobra mes al final del sueldo” es el lema de las familias monoparentales.
Una nevera rota, un arreglo de un desperfecto en el hogar, una reparación de un vehículo. Todos estos son gastos inesperados que, en el caso de las familias monoparentales con hijos a su cargo, suponen un verdadero quebradero de cabeza. El 65% de estos núcleos familiares no puede hacer frente a un único gasto no planificado, cifrado en 650 euros. No es el único dato que descubre una dura realidad de las familias compuestas por un adulto y uno o más hijos a su cargo.
Hay que centrar el foco en las mujeres, puesto que en España el 90% de las familias con un solo miembro adulto son maternosostenidas, según datos del INE; es decir, es la madre la sustentadora principal del hogar por maternidad en soltería, divorcios, separaciones y viudedad.
El riesgo de pobreza en las familias españolas es un indicador que se ha agravado en los últimos años: a nivel general, desde un 19,8% en el año 2008 hasta el 22,3% en 2016, últimos datos disponibles. En el caso de las familias monoparentales el riesgo de pobreza se dispara: afecta a cuatro de cada diez familias (42,2%). En el caso de familias biparentales con hijos a su cargo se sitúa en el 26,7% unos puntos por encima de la media general.
Pese a estas realidades, las familias monoparentales aún no gozan de una ley que regule su situación, su posibilidad de acceder a ayudas, becas, reducciones fiscales… Es la demanda de las distintas asociaciones y federaciones de familias monoparentales. Las familias con un solo progenitor e hijos a su cargo suponen un 10% del total de los núcleos familiares que existen en España.
La Federación de Asociaciones de Familias Monomarentales exige la puesta en marcha de una Ley de Familias Monoparentales, al igual que existe una regulación similar para las familias numerosas. Pretenden “que acabe con la discriminación y la vulnerabilidad que sufren nuestras familias como consecuencia de una falta de políticas de apoyo adecuadas, agravada por la situación de crisis y los recortes sociales que nos han afectado directamente”.
Dificultades para llegar a final de mes
“Me sobra mes al final del sueldo” es el lema de las familias monoparentales. Un tercio de estos grupos familiares tiene grandes dificultades para llegar a final de mes. Otro cuarto de las familias monoparentales asegura tener dificultades para finalizar cada mes con cierta holgura económica.
Y esta situación se repite en cuanto a equipamientos en el hogar, deficiencias estructurales en la vivienda o capacidad para hacer frente a gastos extraordinarios. En el caso de las familias maternosostenidas tiene su base en las condiciones laborales de las mujeres a nivel general. Sobre ellas recae el mayor porcentaje de empleos a media jornada: una cuarta parte (25%) de los contratos que firman las mujeres son a media jornada; en el caso de los hombres, son un 7%.
Según datos del INE del tercer trimestre de 2017, el 41,4% de las mujeres cabezas de familia se encuentra trabajando. Una situación que se ha agravado en los últimos años, como pone de relieve un estudio realizado por la Universidad de Sevilla en el que se abordan las problemáticas de las familias monomarentales. En el año 2001, el 57,4% de las mujeres sustentadoras se encontraban ocupadas.
Violencia machista, violencia institucional y violencia económica
Uno de los casos más extremos de familias maternosostenidas en verdadero riesgo se encuentra en las mujeres víctimas de violencia machista con hijos a su cargo. Es el caso de Mamen y Lucía, dos casos muy distintos pero que comparten un hilo conductor común: ser víctimas supervivientes de violencia machista, haber sufrido violencia económica, ya que su pareja y agresor era el sustentador económico de la familia y sufrirla actualmente por los múltiples fallos en el sistema de ayudas.
Mamen ha entrado en sus sesenta y en la actualidad solo tiene un hijo que depende económicamente de ella. “Me decidí a denunciar cuando tuve un cuchillo en el cuello, pero la situación de violencia venía de tiempo atrás. Y aun así, con mi situación económica, decidí denunciar. No fue fácil: subí y bajé tres veces las escaleras del juzgado antes de denunciarle: ¿dónde me iba yo con cuatro hijos? Así me quedé, con una mano delante y la otra detrás”.
Mamen tiene grandes reclamaciones a las distintas instituciones, ya que durante más de quince años ha sufrido la lentitud de la burocracia, incluso en estos casos en los que las mujeres obtienen una tarjeta que las identifica como víctimas supervivientes de violencia machista. “Los procesos de concesión son larguísimos, he llegado a esperar hasta tres meses para saber si me concedían una ayuda. ¿Qué hago yo durante esos tres meses? ¿Adónde voy?”.
Por la lentitud y la inoperancia de los sistemas de ayuda familiares tuvo que recurrir a la caridad. “No te imaginas lo que es tener que ir a una parroquia a pedir algo de comida porque no tienes nada que darle a tus hijos. Se lo digo siempre a mi hijo pequeño: con una patata y una cebolla he hecho casi milagros en la cocina. Me he quedado muchos días sin comer por darles de comer a ellos”. Está al tanto de las exigencias y futuras medidas en materia de familias monomarentales, pero ella lo tiene claro, ya que “en el papel todo luce de una manera, pero luego a la hora de ponerlo a funcionar es cuando falla. Mi apuesta es que estas ayudas no dependan de los gobiernos autonómicos o el nacional, sino de los ayuntamientos. Ellos saben realmente cómo está el terreno”.
Ayuda vecinal
El caso de Lucía ahonda en la necesidad de las redes municipales y de barrio. “El barrio donde vivo ha hecho mucho por mí”. Ella vive en una ciudad con bastante movimiento asociativo y reivindicativo. “Los vecinos han hecho mucho, los padres del colegio de mi hija, también. Han sabido entender las necesidades de las distintas familias”. Sin embargo su discurso se torna negativo al hablar de los sistemas públicos que son “lentos y no entienden para nada las necesidades reales de las familias en mi situación. Yo me quedé en la calle con nada, literalmente. Mi expareja, al que denuncié por violencia machista, no me dejó ni recoger mi ropa ni mis enseres, así que me fui con lo puesto”.
Lucía no entiende algunas de las medidas de los gobiernos autonómicos ni que no se favorezcan algunas actividades públicas para familias monomarentales. “No hay casi actividades gratuitas o de bajo coste enfocadas familias como la mía, además competimos con el resto de tipos de familias, cuando lo nuestro es una necesidad, a veces no tenemos con quién dejar a nuestros hijos”.

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: cuartopoder | Autor/a: Ana Isabel Cordobés

02 diciembre 2017

Una de cada cuatro empresas cambió las condiciones laborales de sus trabajadores en 2016



Lo llaman flexibilidad. Una de cada cuatro empresas modificó las condiciones laborales de sus trabajadores en 2016, según la Encuesta Anual Laboral 2016 realizada por el Ministerio de Empleo a más de 319.000 empresas con cinco o más trabajadores. En concreto, el 27,2% de las empresas aplicaron medidas de flexibilidad interna el año pasado, frente al 20,7% que recurrió a estos mecanismos en 2015 y el 24,3% que lo hizo en 2014.

Entre las medidas de flexibilidad interna se incluyen principalmente la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (salario, jornada, horario, sistema de remuneración), la movilidad funcional o geográfica, la suspensión temporal del contrato o la reducción de jornada, y los cambios de contrato por distinto tipo de jornada. De entre estos tipos de medidas, el 15,7% del total de empresas aplicaron medidas que afectaron a cambios de tipo de jornada en el contrato, el 12,3% a la jornada laboral, el 3,1% al sistema de remuneración y cuantía salarial, el 2,6% a la movilidad geográfica y el 2,4% a la movilidad geográfica.

El porcentaje de empresas que aplican medidas de flexibilidad interna es más elevado cuanto mayor es el tamaño de la empresa. Así, del 24,5% de las empresas de 5 a 9 trabajadores que recurrieron a estas medidas el año pasado se pasa al 54,3% en las empresas de más de 499 trabajadores. La gran mayoría de las medidas de flexibilidad se adoptaron por acuerdo con los trabajadores, con porcentajes superiores o cercanos al 90% en los distintos tipos de medidas.

Por otra parte, el 34,5% de las empresas, independientemente de haber aplicado medidas de flexibilidad interna o no, adoptó otras medidas de ajuste el año pasado: el 17,2% despidió trabajadores, el 17,9% redujo costes no laborales, el 10,5% recortó inversiones y el 9,2% rebajó el volumen de trabajadores con contrato temporal. Finalmente, el 53,2% de las empresas no aplicaron ni medidas de flexibilidad interna ni las mencionadas medidas de ajuste.

La encuesta revela además que para el 74,3% de las empresas con convenio colectivo, éste se adapta bastante o mucho a sus necesidades, porcentaje que se ha reducido considerablemente respecto a ejercicios anteriores (83,4% en 2015 y 82% en 2014). A la hora de establecer el salario de nuevos empleados, el convenio es un factor "bastante o muy relevante" para el 84,5% de las empresas, seguido del salario de trabajadores similares en la empresa (72,1%).

En 2016, el 81,6% de las empresas proporcionaron algún tipo de formación a sus trabajadores, frente al 77,3% de 2015 y el 75% de 2014. La proporción de empresas que dan formación se incrementa según aumenta el tamaño, siendo el porcentaje del 76% en las de 5 a 9 trabajadores y del 99,9% en las empresas de más de 499 trabajadores.

SOMOS SINDICALISTAS® 2017| Fuente: 20minutos


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