02 enero 2018

España se queda al margen del avance de Europa en I+D+i



Con crisis o sin ella, España tiene una asignatura pendiente con la innovación, la tecnología o la I+D+i. Las últimas estadísticas hechas públicas por el INE de 2016 muestran un crecimiento de la inversión total de la economía en I+D del 0,7%, hasta 13.260 millones. Una primera lectura puede dar una visión positiva. Pero si se hace un análisis más profundo, el crecimiento del ejercicio supone una importante desaceleración con respecto al registrado en 2015, del 2,7%.
Además, por sexto año consecutivo la evolución se sitúa por debajo del alza del PIB, que en 2016 fue del 3,3%, lo cual quiere decir que pierde peso a nivel productivo. De esta manera, la ratio de inversión I+D sobre PIB, que mide en definitiva la competitividad, retrocede del 1,22% observado en 2015 al 1,19% registrado en 2016.
El crecimiento en gasto se produce solo en el sector privado, que ha pasado del 2% al 3%. Por el contrario, el  público ha caído el 2,7% y el de enseñanza superior, el 1,5%.

La situación resulta igualmente negativa si nos fijamos en otros países europeos. Según refleja el INE y Eurostat, la inversión total en I+D realizada durante 2009 y 2016 ha crecido una media del 27,4% en la Unión Europea mientras que en España ha retrocedido el 9,1%. La diferencia es importante sobre Reino Unido y Alemania, donde ahora gastan casi un 40% más.
Desde 2009 España ha perdido 13 de los 21 puntos porcentuales de convergencia que había recortado a Europa entre 2000 y 2008. En el ranking europeo de inversión en I+D, España ocupa la posición 17 entre los 28 estados miembros. En los últimos años ha sido adelantada por Hungría, Italia y la República Checa. En la actualidad, cinco países con menor desarrollo económico que España presentan niveles de inversión en I+D superiores. Se trata de Estonia, Eslovenia, Hungría, República Checa y Portugal.
A la vista del balance, la pregunta que surge es por qué España invierte menos. Un informe publicado por la Obra Social ‘la Caixa’ en el pasado septiembre recoge un artículo de Luis Sanz Menéndez y Laura Cruz Castro, del Instituto de Políticas y Bienes Públicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que da respuesta a esta cuestión.
Uno de los factores es el predominio en nuestro país de la empresa de menor tamaño(pyme), y con poca capacidad de gasto. También las grandes empresas tienen una predisposición inferior que sus homólogas europeas para invertir en I+D. El modelo productivo y la especialización sectorial de la economía son otros motivos.
"Con la actual estructura productiva no podremos alcanzar los niveles de gasto en I+D de los países cuyos sectores manufactureros intensivos en conocimiento, los sectores de alta tecnología o los  emergentes (TIC, biotecnología, nanotecnología, nuevos materiales, nuevas manufacturas, etc.) tienen un mayor peso", dicen.
Además de las dificultades señaladas, existen otras como "el nivel insuficiente de la cualificación de los directivos, una cultura innovadora limitada o el temor al riesgo empresarial". "La buena noticia es que son factores que pueden mejorarse elevando el nivel educativo de los empresarios, o promoviendo el cambio cultural para que las empresas impulsen la creación de ventajas competitivas", añaden.
Para los expertos del CSIC es imprescindible mejorar la tendencia. El gasto presupuestario del Gobierno para la I+D es uno de los más volátiles en Europa. Junto con Eslovenia es de los que más ha reducido este tipo de partidas. "Incluso Portugal ha mantenido mejor el compromiso", argumentan. "Hacen falta más recursos públicos y también mejorar la utilización de estos y la transformación de algunas prácticas en universidades y centros públicos de investigación", resumen.
Del lado de las empresas, aseguran que las compañías españolas deberían invertir casi el doble para llegar a la media de la Unión Europea y el triple para alcanzar los valores medios de la OCDE.
El mismo estudio de La Caixa recoge opiniones de varios profesores de la Facultad de Economía y Empresa de la Universitat de Barcelona que hacen un análisis más global. "El legado de la crisis financiera mundial de 2008 ha sido un nuevo mapa económico internacional. El cambio más visible se manifiesta en la irrupción de los países emergentes como nuevo polo de atracción de las inversiones de las multinacionales. Estas empresas están trasladando parte de su innovación de los países desarrollados a economías más ventajosas", explican.

Los BRIC recortan distancias

En innovación, España está por detrás de países desarrollados, y los BRIC van recortando distancias. Mientras que Brasil y Rusia presentan resultados peores, China consigue superarla y la India es un claro perseguidor. "Ya no se trata solo de competir con los países tradicionalmente más avanzados en innovación, sino también con los  emergentes que escalan posiciones cada vez con mayor fuerza", argumentan los profesores.
Como posibles soluciones apuntan la necesidad de potenciar la presencia de instituciones científicas, la mejora de la capacidad de atracción del talento científico y el refuerzo de los vínculos entre el mundo científico/académico y el empresarial.
La I+D genera  en España 205.900 empleos a jornada completa. Madrid, supone el 26%  del gasto total y Cataluña y Andalucía el 23% y 10%, respectivamente.

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: 20minutos | Autor: BEATRIZ P.GALDÓN

23 diciembre 2017

Bruselas propone extender los derechos laborales mínimos al trabajador con contrato precario



La Comisión Europea ha propuesto este jueves nuevos derechos mínimos laborales para mejorar la transparencia y previsibilidad de las condiciones y ampliarlos a los trabajadores con contratos precarios como los trabajadores ocasionales o con contrato por horas y personal doméstico, que actualmente no están cubiertos por las normas comunitarias. "La economía de hoy necesita contratos laborales flexibles, pero la flexibilidad debe acompañarse con una protección mínima", ha explicado la comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, en rueda de prensa para presentar la nueva propuesta de directiva para mejorar la transparencia y previsibilidad en las condiciones laborales, que presente ser una iniciativa clave para contribuir al Pilar de Derechos Sociales Europeo y ha confiado en que aprueben "rápidamente" los Veintiocho y la Eurocámara.

La nueva directiva permitirá extender derechos laborales mínimos a entre dos y tres millones de trabajadores con contrato precario, al ajustar la noción de trabajador a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea: "Un trabajador es una persona que realiza servicios durante un periodo de tiempo determinado por y bajo la dirección de otra persona a cambio de una remuneración". Sólo quedarán excluidas las personas que trabajan menos de ocho horas al mes, aunque Thyssen ha avisado de que si el contrato es de "cero horas" o "no determina el número de horas, estas cubierto por esta directiva". Tampoco cubre a los autónomos ni los becarios que no están sujetos a una relación contractual.

Según el estudio de impacto realizado por la Comisión, el 53% de los nuevos trabajadores beneficiados tienen empleos ocasionales y trabajan de forma intermitente, el 22% tiene contratos de menos de un mes, 15% trabajan menos de ocho horas semanales, el 5% es personal doméstico y el 3% son trabajadores de plataformas o con remuneración de vales de trabajo.

Por lo que se refiere a los derechos, el Ejecutivo comunitario quiere que además de informar a los trabajadores como hasta ahora sobre la duración temporal del contrato y de la jornada laboral, la remuneración durante las vacaciones, los componentes salariales y los acuerdos colectivos aplicables e información adicional para expatriados, los empleadores también les tengan que informar sobre el periodo de pruebas eventual o no, si les ofrece formación, la remuneración de horas extraordinarias e información sobre el tiempo de trabajo en el caso de trabajadores con horarios muy variables, así como sobre la institución de seguridad social donde se abonan las contribuciones.

Bruselas plantea que los trabajadores tengan esta información -por escrito o en versión electrónica_como muy tarde el primer día de trabajo, en lugar de los 60 días después de entrar a trabajar con los que cuenta actualmente el empleador. "Esto parece obvio. Pero muchos trabajadores en Europa no reciben información básica, especialmente los más vulnerables. Con nuestra propuesta garantizaremos que todos los trabajadores reciben información sobre sus condiciones laborales por escrito", ha subrayado Thyssen.

Limitar el periodo de pruebas a 6 meses

Entre otras novedades, la Comisión propone limitar el periodo de pruebas a 6 meses a menos que haya una causa "objetiva" que justifique un periodo mayor o esté en el interés del trabajador, que las personas con trabajo a demanda o horarios variables -algo que definirán los agentes sociales-- tengan derecho a saber de antemano cuándo se les puede pedir trabajar y prohíbe las cláusulas de exclusividad y competencia, para permitir que puedan trabajar para otros, salvo en casos justificados, por ejemplo cuando el trabajador tiene información confidencial de la compañía.

"No se puede esperar que alguien que trabaja sólo ocho horas al mes no tenga otro trabajo", ha avisado la comisaria, que ha insistido en la necesidad de hacer posible que personas que necesitan "para ganarse la vida" puedan tener varios empleos. Thyssen ha explicado que por ejemplo una persona que trabaja en un restaurante unas horas no podrá ser despedido si rechaza venir a trabajar dándole dos horas de antelación y las personas con contratos con "cero horas" tendrán que ser informados con un tiempo "razonable" de antemano sobre cuándo se espera que trabajen.

Asimismo, los trabajadores tendrán la posibilidad de reclamar un puesto permanente o con mejores condiciones si uno queda vacante o se crea y su empleador deberá justificar su respuesta por escrito en el plazo de un mes o tres, en el caso de las pymes. Eso sí, Thyssen ha dejado claro que las empresas no están obligadas a dar una respuesta "positiva". También tendrán derecho a formación obligatoria gratuita. La comisaria ha recordado que al tratarse de una directiva los Estados miembro tienen la posibilidad de mejorar el nivel de protección o alternativas que garanticen el mismo nivel que proponen, pero no rebajarla.

El Ejecutivo comunitario también pide garantizar el derecho de rectificación, la prevención de un trato desfavorable y sanciones en caso de incumplimiento. "Pedimos a los Estados miembro dar la posibilidad de rectificación, tener un sistema que ayude a hacer cumplir las normas. Compete a los Estados miembro determinar el nivel, si hay sanciones", ha explicado.

La Comisión también plantea dos procedimientos alternativos para atajar la falta de información a los empleados. Un procedimiento administrativo o la creación de una Autoridad Administración para garantizar el cumplimiento de requisitos de información al inicio del contrato y la introducción del principio de "presunción positiva" cuando falta información por escrito, en cuyo caso, "tienes más derechos de los que deberías tener", según Thyssen.

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: 20minutos

08 diciembre 2017

El TSJC reconoce por primera vez como enfermedad profesional un cáncer de esófago causado por el amianto

En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto




El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha reconocido en una sentencia que el cáncer de esófago que sufrió un trabajador fue causado por la repetida exposición e inhalación de polvo de amianto de la fábrica de Castelldefels (Barcelona) donde trabajaba. En consecuencia, los magistrados han declarado el cáncer provocado por el amianto como una enfermedad profesional.
En una sentencia, el TSJC ratifica el fallo pionero del juzgado de lo social 3 de Barcelona  y desestima el recurso presentado por la empresa Rocalla, después absorbida por Uralita, y el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Su marido trabajó durante veinte años en la planta de Rocalla de Castelldefels, dedicada a la fabricación de productos con fibrocemento derivados del amianto. El proceso judicial todavía tiene una instancia a la que apelar, el Tribunal Supremo.
El alto tribunal catalán confirma así la pensión de viudedad derivada de enfermedad profesional a la esposa del trabajador que murió a causa del cáncer de esófago, y obliga la Seguridad Social a incrementarle la pensión de viduedad hasta el 52% de la base reguladora de 16.245 euros anuales.
Según el Col·lectiu Ronda, que representa a la viuda del trabajador fallecido, la resolución del TSJC es importante porque el cáncer de esófago hasta ahora no estaba incluido en el baremo de clasificación de las enfermedades profesionales provocadas por el amianto. Sí lo estaban otros tipos de cáncer, como el de laringe o el de pulmón.
Recientemente otro colectivo de trabajadores ha iniciado una batalla legal para que la ansiedad provocada por la exposición al amianto también se considere enfermedad profesional. En España, entre 1994 y 2008 ha habido 3.943 fallecimientos vinculados directamente al amianto.
La calificación de enfermedad profesional implica una responsabilidad económica por parte de la empresa, tanto para el trabajador como para su familia en caso que el empleado fallezca, como este caso. Para la viuda del trabajador de la Rocalla, supondrá conseguir más del doble de indemnizaciones de la Seguridad Social y de la empresa por no haber protegido suficientemente los derechos laborales y la salud del fallecido.
El amianto es un producto que durante décadas se usó para fabricar elementos para la construcción como el fibrocemento. El problema es que sus efectos no aparecen en las personas hasta, a veces, décadas después de haberse contagiado. Esto provoca que tanto los tratamientos como las indemnizaciones muchas veces no lleguen a tiempo para subsanar los efectos del producto en la salud de los trabajadores de las centenares de industrias en España expuestos al amianto.

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: eldiario | Autor: CatalunyaPlural.cat

07 diciembre 2017

Retiran la pensión a una chica con un 91% de discapacidad y le obligan a devolver casi 12.000 euros



El Instituto Murciano de Acción Social argumenta su decisión en que en 2016 su familia superó en 500 euros la horquilla máxima de ingresos anuales marcada por el IMAS
El Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Región de Murcia, ha resuelto retirar la pensión no contributiva a Miriam Pérez García, una chica cartagenera de 29 años con un 91% de discapacidad. Además, Miriam deberá devolver 11.798,75 euros en el plazo de un mes, al considerar el IMAS que fueron “percibidos indebidamente” durante el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2016 y el 31 de octubre de 2017.
La decisión del IMAS se debe a que en 2016 la familia de Miriam superó la horquilla máxima de ingresos anuales marcado por el Instituto en 500 euros, según informa eldiario.es.  
En concreto, en su resolución el IMAS afirma que “los ingresos de la Unidad Económica de Convivencia de 40.515,95 euros/año 2016, son superiores al límite de acumulación de recursos establecido en 39.917,15 euros/año 2016, 40.025,65 euros/año 2017 para una Unidad Económica de Convivencia integrada por la beneficiaria, su madre, su padre y su hermano”.
Un error médico le provocó a Miriam al nacer una parálisis cerebral que la dejó con una discapacidad del 91%. Desde hace 15 años, ha cobrado una pensión no contributiva, que ha permitido a su familia costear servicios de fisioterapia, además del pago de medicinas preventivas que no cubre la Seguridad Social. 
El padre de Miriam explica a eldiario.es. que la decisión tomada desde la institución pública se debe a que en 2016 su familia superó la horquilla máxima de ingresos anuales marcado por el IMAS en 500 euros.  Ese año, el padre recibió una paga extra de funcionario que se le debía del 2012 y de la que no tuvo notificación. A este ingreso extra se le sumó el que provenía del trabajo de su otra hija, "cuyo sueldo va variando y no llega a 2.600 euros anuales". 

SOMOS SINDICALISTAS ®2017 | Fuente: lacronicadelpajarito


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