15 septiembre 2017

Detenido un empresario que obligaba a sus trabajadores a esconderse en estiércol



Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos personas en relación con un presunto delito de explotación laboral en una empresa agrícola/ganadera de Almoradí (Alicante).
Uno de los detenidos es un empresario que presuntamente daba pautas a sus empleados -normalmente extranjeros en situación irregular- para que se escondieran en el estiércol de la explotación para evitar ser detectados si había presencia policial.
Según ha informado la Policía en un comunicado, los detenidos son dos personas a quienes se considera presuntos autores de un delito de falsedad documental y contra los derechos de los trabajadores.

A raíz de una denuncia presentada en dependencias policiales de Murcia, los agentes tuvieron conocimiento de una serie de irregularidades en el seno de una explotación agrícola/ganadera situada en la localidad de Almoradí.
Efectivos de la Policía Nacional iniciaron una investigación conjunta y comprobaron que en este centro de trabajo supuestamente se cometían irregularidades a nivel laboral con respecto al horario y la apertura.
Además, esta empresa no poseía el obligado material de seguridad recogido en la normativa sobre Prevención de Riesgos Laborales y les arrendaba a sus trabajadores unas casetas, situadas en el interior de la finca, algunas de ellas con unas "condiciones ínfimas de seguridad".

Estiércol para "evitar ser detectado"

En el momento de la inspección policial y de trabajo se hallaban trabajando dos ciudadanos extranjeros jubilados. Por las declaraciones de los implicados, se determinó que el empresario supuestamente solía contratar a personas extranjeras en situación irregular a las que les daba pautas de cómo actuar en caso de presencia policial, como esconderse en el estiércol de la explotación "para evitar ser detectado".
Además, el gerente simuló una relación laboral con otra persona con el fin de que ese supuesto trabajador consiguiese ciertos "beneficios administrativos" a nivel de extranjería con la consiguiente falsedad contractual.
Esta falsedad fue detectada en la Oficina Única de Extranjeros de Murcia y se dio aviso a Inspección de Trabajo de Alicante, que anuló por fraudulentas todas las anotaciones y movimientos de este supuesto trabajador.
Los investigadores han detenido al empresario y a la persona que simuló esa relación laboral inexistente y que además se encontraba en situación irregular en España. Ambos, tras ser oídos en declaración han sido puestos en libertad con cargos.
La inspección policial y laboral ha sido llevada a cabo por miembros de la Jefatura Superior de Policía Nacional de Murcia y la Comisaría Provincial de Alicante en colaboración con Inspección de Trabajo de Alicante. 

SOMOS SINDICALISTAS | Fuente: 20minutos

05 septiembre 2017

La cara del empleo precario: 8 horas de trabajo y sin contrato por 450 euros al mes

J., junto a una moto, parecida a la que usaba para hacer los repartos, tras la entrevista.


J.C.M., de 30 años, prefiere mantener el anonimato porque no quiere "señalarse". Él es uno de tantos que en Jerez y en el conjunto de España trabajan de manera precaria. Esos que no figuran en las listas del desempleo, pero que trabajan ocho o diez horas aun con un contrato de media jornada. O lo que es peor, sin estar dados de alta.

Este joven, en los últimos cinco años, ha pasado por todo esto. Pero no siempre fue así. En los albores de la crisis, con 18 años, ya trabajaba en una céntrica y conocida tienda de ropa. Tenía contrato, echaba sus ocho horas diarias y cobraba 800 euros al mes. Un buen trabajo que compaginaba, las noches de los fines de semana, repartiendo pizzas. Aun acercándose, su sueldo no llegaba a mileurista, ese término despectivo que se creó para criticar a todos aquellos que no llegaban a los mil euros al mes. Efectivamente eran otros tiempos. ¿Cuántos no darían ahora por cobrar esa miseria?
Lo cierto es que la cosa empezó a cambiar cuando el negocio en el que trabaja cierra sus puertas. Y más cuando estalla la crisis. La cuesta arriba se le hace eterna. Si para muchos con estudios y másteres encontrar un trabajo en España se convierte en una utopía, él, con estudios básicos —Graduado Escolar— mucho más. 
Tras agotar la prestación y después de dos años buscando empleo decide seguir formándose para intentar abrirse nuevas puertas. Estudia jardinería en una escuela taller y realiza durante un año y medio prácticas remuneradas entre el Zoo de Jerez y el parque periurbano de Santa Teresa. Tras este periodo volvería al paro. Los gastos que tiene en casa no le permiten hacerse con herramientas de jardinería que al menos le valgan para buscarse algún trabajo de manera autónoma.
Tras otro largo periodo en el dique seco, J. volvería a retomar los estudios, esta vez en la rama de la hostelería, viendo que en Jerez la apertura de bares y restaurantes es inversamente proporcional al número de empresas. Esta vez los estudios le sirven para algo más que para unas prácticas. Una vez finalizados no tarda en encontrar trabajo en un restaurante oriental como camarero y repartidor. Pero estamos en plena crisis y, recordemos, esto lo aprovechan muchos empresarios para manejar a su antojo a sus trabajadores, sabedores de que tienen mucho que perder y poco que ganar si se quejan. Así que nuestro protagonista se ve cobrando 600 euros con un contrato de media jornada pero trabajando ocho, de 12 de la mañana a cuatro de la tarde y de ocho a doce de la noche.
Sin ser su empleo soñado, aguanta. Es una época en la que no podía decir que no a un trabajo, más teniendo la idea de irse a vivir a un piso con su novia. Y aunque desgraciadamente el negocio cierra sus puertas a los dos años, tarda apenas unas semanas en salir de las listas del paro. 
Otro restaurante oriental sería su destino, con las mismas condiciones laborales de repartidor y camarero, además de las mismas horas de trabajo —ocho—, pero eso sí, estando de alta cuatro. Al menos su sueldo aumenta en 50 euros para situarse en los 650, y además sus jefes tienen la deferencia de pagarle los gastos de gasolina de su moto para hacer los repartos.
Sin embargo, pronto regresan los problemas. Pasados seis meses empieza a tener problemas a la hora de cobrar. Le dejan a deber mil euros y, aunque los acaba cobrando, decide no renovar de mutuo acuerdo viendo que los problemas podrían continuar en el futuro. Pero J. no deja el trabajo sin tener otro en mano. Un amigo le había comentado que un restaurante turco buscaba un repartidor. Allá que se fue, pero las condiciones laborales no son las que pensaba. Se ve trabajando ocho horas por 450 euros y sin contrato laboral. Además, y aunque le ofrecen una moto para hacer los repartos, decide usar la suya —recién comprada con sus ahorros— visto el mal estado de la que le ofrecían. “No tenía estabilidad ninguna y daba problemas al arrancar”, afirma.
Tras comenzar su vida laboral con unas condiciones más que aceptables, el descenso a los infiernos de la precariedad ha sido continuo año tras año para J. El último episodio lo ha vivido hace apenas unas semanas. Mientras llevaba un pedido a un domicilio tuvo un accidente en el que también se vio involucrado un coche. El joven cayó al suelo y perdió el conocimiento debido al fuerte impacto. No recuerda cómo pasó. Estuvo toda la noche en el hospital, donde le hicieron diferentes pruebas que descartaran lesiones neurológicas. Pero le han quedado recuerdos en forma de magulladuras, moratones y una posible fisura en una costilla, a la espera de que se lo confirmen. Desconoce, porque no tiene noticias al respecto, de si la inspección de trabajo ya ha tomado cartas en el asunto. Solo sabe que su jefe le prometió que le abonaría los 2.000 euros que le costó su moto —declarada siniestro total— y que ahora solo le ofrece 200. Ahora también le ofrece un contrato laboral —¿hubiera hecho lo mismo si no hubiera ocurrido el accidente?— pero J. solo aceptaría si le garantiza que solo trabajaría de camarero. “Ya no quiero ser repartidor nunca más. Le he cogido miedo”.
Ahora, de baja forzada por sus molestias y por tener que ir a rehabilitación, J. solo piensa en “recuperarme lo antes posible para poder volver a trabajar”. Pero no sabe aún dónde. Sus planes de futuro, esos que había centrado en irse a vivir con su novia, se le han truncado. “Tenía ahorrados mil euros, pero ya se me han ido 500 porque tengo que echar una mano en casa”, afirma. Su novia, además, apenas gana 300 euros al mes.
J. está desencantado. “Pensé hasta en montar un negocio, pero el señor Montoro ha decidido aumentar la cuota mínima de autónomo, así que es imposible”. El joven, que tampoco tiene ahorros para irse a Reino Unido a trabajar, se ve atrapado en Jerez, una ciudad que este pasado mes de agosto vio aumentar en 283 los demandantes de empleo hasta situarse otra vez al borde de los 28.000 desempleados (27.973). “Jerez no tiene futuro mientras se sigan llevando las industrias al norte de España, siga teniendo la deuda tan inmensa que tiene y siga teniendo una mentalidad pueblerina. Aquí siempre se votan a los mismos, con lo cual seguiremos igual”.

SOMOS SINDICALISTAS | Fuente: lavozdelsur | Autor: Juan Carlos Toro @CarleteToro

03 septiembre 2017

El Prat: no hay derecho

Una rebaja de derechos al mínimo indisponible, impidiendo el ejercicio de huelga, resulta un precedente enormemente peligroso para este derecho fundamental.


"El derecho de huelga se consigue haciendo huelgas (...)" Marcelino Camacho, Charlas en la prisión: El movimiento obrero sindical, 1976.

La quiebra del pacto constitucional y democrático suele iniciarse con la inobservancia de los derechos de los más desprotegidos, hablando de una debilidad sistémica.
Por este motivo, entre otros, el Orden Social (Laboral) ostenta una importantísima peculiaridad respecto de los demás órdenes jurídicos. No se contempla la igualdad de partes (y ello no se refiere a que ambos litigantes, trabajador y empresa, no tengan los mismos derechos y mecanismos de defensa en un Juicio) sino a que no puede existir igualdad cuando el medio de vida (salario) de una, depende del contrario.
En el Derecho Social rige el Principio Tuitivo, es decir, de tutela de los derechos de los trabajadores, no de los derechos de la Empresa. Y este Principio Tuitivo, que es garantía constitucional, debe ser punto de partida para el análisis de cualquier conflicto laboral.
Las causas del conflicto en el Aeropuerto del Prat son conocidas: privatización de servicios encomendados a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado; licitaciones irresponsables precedidas por pliegos aún más irresponsables, que colocan a los trabajadores en un escenario de precariedad impensable en un Estado de Derecho; jornadas interminables; salarios miserables y todo tipo de contravenciones a la legislación sobre Salud Laboral.
Precisamente por ello el conflicto no es sólo en el Prat, sino en todos nuestros aeropuertos.
Poco hemos hablado en estos días de la Ley 5/2014 sobre Seguridad Privada, que establece que cuando el servicio prestado sea considerado esencial se podrá imponer limitación del Derecho de Huelga fijando la Delegación de Gobierno los servicios mínimos obligatorios. Esta Ley contraviene lo dispuesto en la Ley Orgánica de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, que atribuye a la Guardia Civil la competencia sobre la seguridad de los aeropuertos por mandato del artículo 104.1 de la Constitución. Y esto es importante porque una ley ordinaria –Seguridad Privada– no puede contradecir una ley Orgánica – Seguridad y Cuerpos de Seguridad–, pues ésta regula Derechos Fundamentales.
¿No será que esta privatización no fue y no es legal?
Sabemos que la regulación del Derecho de Huelga nace de normas preconstitucionales (RD 17/77) y corregido por la STC nº11/81; por tanto es una regulación muy sometida a debate que siempre ha de interpretarse desde la óptica del ya citado Principio Tuitivo.
En este caso es innegable que se ha realizado ingeniería de lo no jurídico para imponer unos servicios mínimos que han resultado enormemente abusivos. Asistimos la semana pasada a una enorme falacia cuantitativa, al manifestar el Ministerio que era necesaria la imposición del 90% de los servicios prestados habitualmente, complementados por el personal de la Guardia Civil (y según el Comité de Huelga por trabajadores sin contrato) y que, aun así, se producía una situación de extrema gravedad en la que se ha justificado la imposición gubernamental de un arbitraje. Y con ello la finalización de la Huelga.
Desde el rechazo de la última propuesta realizada por la Generalitat, ha prestado servicios una plantilla superior a la contratada. Algo nunca visto.
Normalmente encontramos empresas que contratan o subcontratan nuevos trabajadores al declararse su plantilla en huelga. Este tipo de esquirolaje fue denunciado por el Comité de Huelga del Prat ante la Inspección de Trabajo.
Menos habitual es que sea el Ministerio quien imponga la sustitución de huelguistas utilizando trabajadores públicos. No es algo común, pero por ello no deja de ser esquirolaje, además utilizando un cuerpo castrense.
No podemos más que entender que la presencia de la Guardia Civil, sustituyendo a los huelguistas, supuso una práctica inconstitucional disfrazada de "interés público", el mismo interés del que se desprendieron sin sonrojarse al privatizar el servicio.
Hay dos opciones: o nos encontramos ante un servicio esencial que no puede ser privado porque ello incumple las disposiciones de la Constitución y la Ley Orgánica, o con que el Estado militarizó una empresa y servicio privados, vulnerando los derechos más básicos. Ninguna de las dos resulta legal.
Es cierto que el RD 17/77 otorga la posibilidad de que el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Trabajo, pueda establecer un arbitraje obligatorio, pero en sucesos verdaderamente graves y especiales.
Por ello el Consejo de Ministros reiteró que la imposición del arbitraje estaba justificada dado que "no había otra posibilidad legal para la salida de un conflicto que está provocando un problema en la economía, el turismo y la imagen del país". Ello es incierto, y la imposición de este arbitraje en el seno de una empresa privada y con un Laudo cuyo contenido es aún peor que la propuesta ya rechazada por los trabajadores en Asamblea, resulta un atentado contra los derechos reclamados y los ejercidos por la plantilla.
Resulta evidente que ningún asalariado disfruta de perder su medio de vida haciendo huelga; debemos atender a la gravedad de las condiciones laborales en que se encuentra una plantilla cuando decide dejar de cobrar, y el Laudo dictado no resuelve la precariedad de las condiciones de estos trabajadores.
Resumidamente, se impone una salida impuesta como salida –que no solución– que supone un empeoramiento de la propuesta ya rechazada por los trabajadores.
Se ha impuesto un complemento mensual de 200 euros, de los que se absorben el resto de complementos percibidos por los trabajadores. Además, añade que los complementos que se aprueben en el nuevo Convenio Colectivo Sectorial serán absorbidos en los 200 euros. Esto es un exceso innecesario, pues los complementos salariales son materia de negociación colectiva no de laudo –éste de carácter obligatorio–.
En cuanto al refuerzo de plantilla en temporada alta, sólo se imponen 25 puestos de trabajo. Además, se acuerda la readmisión de los despedidos y se archivan los expedientes disciplinarios, por lo que se deja sin causa la convocatoria de huelga del 8 de septiembre.
Pero ¿cómo la imposición de peores características a la propuesta de los trabajadores rechazada en el laudo puede solucionar la conflictividad?
Una rebaja de derechos al mínimo indisponible, impidiendo el ejercicio de huelga, resulta una precedente enormemente peligroso para este derecho fundamental. La única conclusión que se puede extraer sobre la conducta de este Gobierno es que la imposición de esta medida, autoritaria y despótica, supone la voluntad pública de prohibir a los trabajadores del Prat su derecho a huelga.
Y un derecho que no se puede ejercitar es un derecho que no existe.
Un Gobierno que incumple las normas, cuando no las inventa al antojo de la minoría subvirtiendo el Orden Constitucional, me lleva a plantearme seriamente si nos encontramos ante un Gobierno que pueda calificarse como legítimo.

SOMOS SINDICALISTAS | Fuente: eldiario-contrapoder | Autor: Olga Sainz de Aja Iges

22 agosto 2017

SOMOS Sindicalistas: Comunicado en apoyo a las Kellys y sus reivindicaciones



COMUNICADO EN APOYO A LAS KELLYS Y SUS REIVINDICACIONES

Las Empresas multiservicios no existen, existe la violencia patronal a través de las ETTs.
Desde SOMOS SINDICALISTAS consideramos primordial defender los derechos individuales y colectivos de TODAS las trabajadoras del sector de hostelería.
Las Reformas laborales de PSOE y PP han facilitado las prácticas de violencia patronal que suponen las ETTs (para otros llamadas empresas multiservicios) relegando el papel de la Negociación Colectiva a la mínima expresión. Ya sabemos todas, divide y vencerás.
Ante esta espiral de precarización e indecencia, normalizada y "legalizada", el papel de los Sindicatos (y su OBLIGACIÓN, habida cuenta del mandato constitucional que supone convertirse en Asociación de Utilidad Pública) ha de ser el de no ceder ni medio centímetro de terreno en el ámbito colectivo negocial. Y eso implica defender los derechos de TODAS las trabajadoras, y no sólo de aquellas que aportan delegados. Puesto que, no todas las trabajadoras del sector pueden concurrir a las elecciones sindicales en sus centros de trabajo.
Los Sindicatos tenemos la obligación de defender los derechos de TODAS no sólo de aquellas que van en una lista electoral.
El vergonzante preacuerdo que UGT y CCOO prevén firmar el 6 de septiembre se allana a los principios de las Reformas Laborales. No sólo admitiendo los planteamientos neoliberales que nos despojan de derechos, sino además intentando vender que este salvajismo patronal, es positivo para las trabajadoras. No se deben vender victorias que no existen.
Un salario más alto es un derecho indiscutible para todas aquellas trabajadoras que cobran 2€/habitación. Para las que se ven obligadas a una sobrecarga de trabajo insostenible y con graves consecuencias para la salud, sólo para obtener unos ingresos mínimos. Que las trabajadoras en CESIÓN ILEGAL han de percibir el mismo salario que las trabajadoras directamente contratadas, es evidente.
Pero para conseguir dicha dignidad económica no se puede disfrazar de 'externalización' una ilegalidad manifiesta como es la cesión ilegal. No podéis renunciar 'en su nombre' a los derechos que ellas reclaman.
El Convenio Sectorial es una herramienta para combatir la precariedad, no para legalizarla.
El trabajo de todos los Sindicatos es el de presionar para que sea aprobada en el Parlamento la Ley Kellys, no abstraerse de sus reivindicaciones adoptando actitudes paternalistas. Ellas han presentado una propuesta de Ley, ellas saben qué quieren y qué es necesario regular en el sector. Dejemos de tutelarlas en su perjuicio.
Desde SOMOS SINDICALISTAS decimos NO a la firma de ese preacuerdo entre UGT, CCOO y la Patronal. NO a la precarización, NO a la violencia patronal.

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