21 mayo 2015

2020, un horizonte de negocio y basura

2020, un horizonte de negocio y basura
DAVID FERNÁNDEZ
[Este artículo pertenece a la revista Cercanías, editada por La Marea y Diagonal, que puedes comprar en tu quiosco o aquí]

Poco reciclaje, una política del vertedero para todo, incineración y mucho negocio marcan el panorama de la gestión de residuos en España. A cinco años de la fecha marcada por el programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, y de la establecida por la Ley de Residuos y Suelos Contaminados.

El objetivo de reciclar la mitad de los residuos domésticos parece lejos de la realidad si se tienen en cuenta los últimos datos de Eurostat: en 2011, un 58% de los residuos iban al vertedero, un 18% se destinaban al compostaje, un 9% a la incineración y un 15% se reciclaban. Detrás de estas cifras se esconde un negocio centrado en la recogida de residuos y en la gestión de vertederos e incineración que mueve 4.500 millones de euros al año en facturación, 5.150 millones si se incluye la limpieza viaria, según el informe Un yacimiento en la basura, de Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra.

La permisividad del Gobierno ante 31 vertederos ilegales llevaron a que en julio de 2014 la Comisión Europea denunciara a España ante el TJUE

En el negocio de la basura se mueven unas 140 empresas, pero ACS, FCC, Sacyr y Ferrovial –las cuatro grandes constructoras del Ibex 35, todas ellas relacionadas a través de sus directivos con las donaciones irregulares al PP que desvelaron los papeles de Bárcenas– se llevan gran parte del pastel, y todo ello haciendo uso también de prácticas oligopólicas. Así lo ha constatado la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que el 27 de enero imponía una multa de 98,2 millones de euros a 39 empresas, de los que 72 millones corresponden a las cuatro constructoras y sus filiales de residuos, por formar un cártel para repartirse durante más de una década las licitaciones públicas relacionadas con la gestión de residuos urbanos de decenas de ciudades del Estado.

La basura está también en el centro de varios casos de corrupción, como el que llevó a la cárcel al alcalde de Torrevieja (Alicante), o la trama destapada por la Operación Cloaca en Mallorca, aunque el mayor escándalo es el caso Brugal (Basuras Rurales Gestión Alicante). En él se investigan delitos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de la gestión de los servicios de recogida de basuras de distintos municipios de Alicante y Murcia. El caso Brugal, por el que se hallan imputados la exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo y el expresidente de la diputación Javier Ripoll, arroja sólo en Orihuela un saldo de 40 imputados, incluyendo dos exalcaldes y los dos capos de la basura, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. A pesar de su imputación, Ortiz es adjudicatario del nuevo macrovertedero que se quiere construir en la comarca, mientras que Fenoll era propietario del mayor vertedero de la zona, un nido de irregularidades, origen de vertidos ilegales en campos de naranjos aledaños, de malos olores y de lixiviados (líquidos contaminantes), y cuyo cierre “urgente” exigió Bruselas hace un año.

La permisividad del Gobierno español ante 31 vertederos ilegales, y su inacción a pesar de las numerosas “advertencias previas”, llevaron a que en julio de 2014 la Comisión Europea denunciara a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Mientras tanto, la incineración sigue siendo una de las vías para la eliminación de residuos, a pesar de ser una de las opciones más contaminantes y de que informes como el elaborado por el Instituto de Salud Carlos III demuestran que vivir cerca de una de las once incineradoras que existen en España aumenta el riesgo de cáncer. A pesar de ello destacan casos como el de Mallorca, que ha comenzado a importar basuras para quemarlas, no sólo de municipios de otras provincias, sino también de Italia o de Irlanda del Norte.
Puerta a puerta

Frente al enterramiento o la incineración, las organizaciones ecologistas defienden como opción más sostenible la separación, recogida selectiva y reciclaje. El sistema Puerta a Puerta (PaP), establecido por decenas de ayuntamientos de Bildu en el País Vasco y por más de cien consistorios catalanes, es, a pesar de las polémicas, uno de los modelos de gestión de residuos que mejores resultados ha obtenido. Sin embargo, el problema de los residuos y las alternativas en su gestión es aún una asignatura pendiente para la inmensa mayoría de los municipios. Para poner en marcha opciones más viables y respetuosas con el entorno es necesaria no sólo la concienciación de la población, sino también el compromiso de las autoridades.