22 mayo 2015

Cien días para cambiarlo todo... desde el poder

Cien días para cambiarlo todo... desde el poder
En Ermua la movilización ciudadana logró
 que el agua volviera a estar bajo gestión pública. 
/AYUNTAMIENTO DE ERMUA
Lo anunció Ada Colau, el miércoles 6 de mayo en el acto de presentación en Madrid de las plataformas ciudadanas para las elecciones municipales del 24 de mayo. Una de las primeras medidas que tomará en el caso de convertirse en alcaldesa será convocar a los bancos y entidades financieras para una reunión en la que el Consistorio exigirá el fin de los desahucios. Sería el mismo día 25 de mayo, con luz y taquígrafo para garantizar la transparencia del encuentro, aseguró Colau, quien también ha hablado de desarrollar una política activa para la prevención de desahucios.

“Lo primero es revisar las deudas del Gobierno anterior y los acuerdos que hipotequen la acción de uno nuevo”

Ese primer movimiento de un municipio que ya estaría regido por nuevos actores políticos pondría de manifiesto la voluntad efectiva de cambiar el estado de las cosas desde lo local, con las potencias y limitaciones de ese marco.
Las cuentas claras

El alcance de las políticas municipales viene determinado por dos factores que actúan en paralelo: las competencias y el presupuesto. El coste efectivo de los servicios, que puede derivar a las diputaciones competencias hasta ahora exclusivas de los municipios, y la cifra de personas empadronadas son otros vértices sobre los que se fija qué funciones debe prestar la Administración local (recogida de basuras, transporte, mantenimiento, agua y alumbrado). Sin embargo, esto se encuentra en entredicho, ya que a finales de 2013 el Gobierno central aprobó la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que fue recurrida por muchas administraciones públicas y partidos.

Pese a estos interrogantes sobre su margen de actuación a partir del 25 de mayo, en los ayuntamientos se deciden algunas de las cuestiones que afectan de manera más directa a sus vecinos, y por ello la expectativa de lo que pudieran hacer estas plataformas municipalistas una vez conquistadas las urnas es muy alta. ¿Cuáles deben ser las primeras iniciativas de las nuevas corporaciones locales que salgan de las urnas el 24M?

Aunque la opción de poner freno a los desahucios es una necesidad acuciante, como resalta la agenda de Colau para ese hipotético primer día al frente de Barcelona, los numerosos casos de corrupción en gobiernos municipales hacen que el control de las cuentas ocupe un lugar prioritario en las preocupaciones ciudadanas.

La auditoría de la deuda municipal, para determinar qué cantidad de los desmesurados números rojos que presentan algunos libros contables y cuántas facturas han de permanecer en el cajón por ser de dudoso origen o ilegítimas, se antoja así como una de las primeras decisiones a tomar por quienes asuman el relevo en los cargos locales.

“Lo primero es revisar las deudas del Gobierno anterior, y los acuerdos que hipotequen la acción de un nuevo Gobierno. Con los cambios previsibles, los que salen dejarán todo lo que puedan muy condicionado para los gobiernos que lleguen, pero esto habrá que denunciarlo y tomar las medidas legales para revertir tales situaciones en lo posible”, opina Tomás R. Villasante, profesor emérito de la Universidad Complutense de Madrid, quien también valora qué estrategia ha de ser prioritaria: “En estos primeros momentosse trata más de acumular fuerzas para las luchas conjuntas de la población y el Gobierno contra las imposiciones de los bancos, del Estado y de Europa que para transformaciones radicales”.

Como segunda medida a adoptar, Villasante apunta a lo ya señalado por Colau: la política sobre vivienda. “Negociar con los bancos y presionarlos (ellos están interesados en que la circulación del dinero del Ayuntamiento pase por sus oficinas) para que pongan en alquiler social los pisos vacíos de que disponen y para detener los desalojos sin alternativas. Lo mismo para conseguir que apoyen otras medidas sociales que estén en el programa municipal”.
Recuperar la ciudad

El desguace de los servicios municipales para venderlos, cuando no regalarlos, a empresas es una de las operaciones que han puesto en manos privadas gran parte de los presupuestos municipales. Que esos servicios retornen a la gestión pública es una de las reivindicaciones que han ganado peso en los últimos tiempos y cuyo cumplimiento se exigirá a los nuevos regidores municipales.

Así, en Madrid se constituyó hace meses la Plataforma por la Remunicipalización y Gestión Directa de los Servicios Públicos, con una clara hoja de reclamaciones que presentará en la ventanilla correspondiente. De momento, lo han hecho por escrito y también en la calle. “Planteamos que los servicios públicos, en general y especialmente en Madrid, están sufriendo un deterioro en cantidad y calidad que es consecuencia del proceso de privatización, unido al recorte del presupueso de gasto social”, explica Jesús María Pérez, vicepresidente de la Asociación de Vecinos de Vicálvaro, una de las organizaciones que apoyan las reivindicaciones de la plataforma, recogidas en el Acuerdo por la Gestión directa de los Servicios Públicos en Madrid, firmado el pasado 25 de marzo.

“Reclamamos que se ponga fin a estas políticas que han provocado la expulsión directa de miles de familias de servicios básicos, como las escuelas infantiles, las escuelas de música o los espacios deportivos, así como el encarecimiento brutal del transporte público”, añade Pérez.

La reivindicación principal de la plataforma es que el Consistorio asuma la gestión directa de los servicios públicos, “que dejen de hacer subastas y venderlos al mejor postor”, con el objetivo de que “las escuelas infantiles, por ejemplo, no acaben gestionadas por empresas de la construcción”.

La plataforma no pide el voto para nadie en los comicios, pero sí se declara “a favor de un cambio radical en las políticas municipales y autonómicas, para que no se destine un tercio del presupuesto del Ayuntamiento a pagar una deuda ilegítima y fraudulenta, por ejemplo”.

Ya hay casos en que el proceso privatizador se ha revertido: en Lucena (Córdoba), tras más de dos décadas, la gestión del agua volvió a ser pública; en Alcázar de San Juan (Ciudad Real) se logró un gran éxito cuando una sentencia judicial frenó, momentáneamente, las intenciones del Consistorio gobernado por el PP.

Fuera de nuestras fronteras también hay experiencias municipalistas que han obtenido triunfos en materia de recuperación de la gestión pública de recursos como la energía eléctrica o el agua. Los vecinos de Boulder, en Colorado (Estados Unidos), aprobaron en noviembre de 2013 una partida presupuestaria para retomar la gestión de la luz, entonces en manos de la empresa XCel. El principal argumento, y el más convincente, para que la electricidad volviese a manos municipales fue la capacidad de aplicar políticas energéticas con un sentido comunitario. Boulder es asimismo la única ciudad estadounidense que ha aplicado una tasa sobre las emisiones de carbono.

Un caso similar se vivió en Hamburgo (Alemania), donde las cláusulas del contrato por el que se había privatizado la gestión de la luz hicieron que la ciudad retuviese el 25% de la propiedad y la facultad de rescindir el contrato si así lo decidían sus habitantes en referéndum.

Cómo tomar parte en las decisiones

Para concretar en la institución las demandas de mayor participación ciudadana en la onda de las prácticas de democracia participativa, Villasante hace una propuesta. “En los servicios de proximidad, con los trabajadores y grupos motores, se puede plantear una agenda de autodiagnóstico y de procesos participativos para mejorar la eficiencia de cada servicio. No tanto hacer asambleas informativas, sino pasar a asambleas participativas donde en pequeños grupos toda la gente pueda opinar y se pueda construir colectivamente”. En su opinión, de las experiencias de democracia participativa implantadas desde 2001 destaca la de la Diputación de Gipuzkoa, “pues ha estado poniendo 500.000 euros para la decisión autónoma de la ciudadanía en cada comarca”.