14 mayo 2015

Un mapa de municipios afectados por infraestructuras energéticas


La Unión Europea los llama proyectos de interés común (PIC), son proyectos de infraestructuras energéticas que se benefician de tramitaciones administrativas más rápidas. Torres eléctricas de alto voltaje que comunican España y Francia, gasoductos que llegan de Argel o Azerbaiyán, cables submarinos en el golfo de Bizkaia... Un suma y sigue que aparentemente busca promover la suficiencia energética en la Unión Europea, que actualmente importa un 53% del total de la energíaque consume lo que supone un coste de 400.000 millones de euros anuales. Se desarrollan en todo el territorio y muchas veces los propios municipios ni siquiera lo saben. Eso les pasó a los vecinos y vecinas de Sabiñánigo cuando el 5 de marzo leyeron en El Periódico que se iban a instalar dos torres de muy alta tensión (MAT) en la zona. "Lo del interés común es algo completamente cooptado por Bruselas, porque las comunidades locales forman una parte muy pasiva del proceso, no hay participación, una aprobación administrativa tan rápida va en contra de la información consciente y previa". Sin embargo, estos megaproyectos, no benefician a la población local sino que, como indica Alfons Pérez "responden a intereses económicos de muchas empresas. El objetivo final, en el caso del gas, es crear una red gasística europea que convierta el gas en un activo financiero ya que el mercado del gas aún no está globalizado".

Para mostrar la otra cara de estas megainfraestructuras energéticas y visibilizar las redes de resistencia y oposiciones existentes, el Observatorio de la Deuda en la Globalización junto con otras organizaciones, ha elaborado un mapa interactivo que recorre diferentes localidades afectadas por la construcción de estos proyectos. Es la cara B del modelo de desarrollo europeo que continúa apostando por energía fósiles y a devastación del territorio. El mapa, como indica el propio Observatorio "quiere visibilizar y da voz a los territorios afectados por presentes y futuras infraestructuras energéticas, y quiere dar respuesta a los Proyectos de Interés Común y al Plan Juncker". Dos grandes planes que además reciben fondos del Banco Europeo de Desarrollo y del Banco Europeo de Inversiones. Uno de los reclamos centrales contra estos proyecto, como señala Alfons Pérez es que "los procesos de decisión tengan en cuenta a los afectados directos y que sean mínimamente democráticos y que no se imponga infraestructuras planificadas desde los centros de decisión, ya sea Madrid o Bruselas sobre territorios que luego no se ven beneficiados por ese tipo de infraestructuras".