29 julio 2015

'Ley Mordaza' empieza a multar a prostitutas y a víctimas de trata

'Ley Mordaza' empieza a multar a prostitutas y a víctimas de trata
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, señaló el pasado viernes que gracias a laley de Seguridad Ciudadana -conocida como 'Ley Mordaza'- va a "aumentar la presión policial sobre los consumidores de prostitución" ya que por este motivo plantea sanciones de hasta 30.000 euros. En esas declaraciones obvió explicar que a esa misma hora y ese mismo día en el polígono Marconi, situado en el distrito de Villaverde (Madrid), los agentes de la Policía Nacional, amparándose también en esta nueva legislación, comenzaban a multar a las mujeres que estaban ejerciendo la prostitución.

Una joven rumana víctima de trata fue sancionada por realizar una "exhibición obscena del cuerpo desnudo y de las partes más íntimas" con el objetivo de "captar clientes para ejercer la prostitución", según se lee en el acta de la denuncia a la que ha tenido acceso eldiario.es. Si esta sanción prospera, esta mujer tendrá que hacer frente a una cantidad que oscila entre 100 y 600 euros por vulnerar el artículo 37.5 de esta legislación.

"Esta multa va a suponer que aumente su deuda con el proxeneta. Para pagarla se va a tener que prostituir más veces, más horas. Por lo tanto, hace más difícil que salga de esta red", apunta Rocío Nieto, directora de APRAMP ( Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida). Ana, una de las mediadoras sociales de esta organización, fue la que se encontró a esta joven destrozada emocionalmente el viernes por la mañana tras ser sancionada. "Cuando llegamos estaba llorando y asustada porque un policía había apuntado sus datos y la había multado. Se tenía que vestir y eso era perder dinero, sufrir otra paliza", contó la trabajadora a El Mundo.

Multa a una víctima de trata amparándose en la Ley Mordaza / Fuente: APRAMP
La asociación consigue infiltrarse entre las víctimas de trata gracias a mediadoras como Ana, suelen ser personas que han conseguido salir victoriosas de la explotación sexual de una mafia. Si esta forma de actuar se extiende y la Policía continúa multando a mujeres explotadas, esta organización advierte de que será más difícil tener acceso a ellas y su situación se invisibilizará. "Estas multas no solucionan el problema, de Marconi se las llevarán a lugares cerrados como pisos o clubes", señala Nieto. "Además no van a colaborar con la Policía, si les multan pierden la confianza ya que van a huir cada vez que lleguen los agentes".

APRAMP recuerda que la mayor parte de las mujeres que trabajan en ese polígono están esclavizadas por una red: "Una madame está vigilando los servicios que realizan y controlando el dinero que ganan para dárselo, más tarde, al proxeneta". Además, las mafias cobran a las prostitutas una cantidad por el lugar en el que se sitúan para acceder a los hombres que consumen sus servicios.

No es la única denuncia de la que se tiene constancia en Marconi. Hetaira, uncolectivo que defiende los derechos de quienes ejercen la prostitución por decisión propia, t ambién ha protestado por las multa s emitida s contra estas mujeres la semana pasada por "no obedecer de forma reiterada los mandatos de los funcionarios policiales para que no ofrezca servicios sexuales". En este caso se vulnera el artículo 36.6 de la Ley Mordaza, supone una infracción grave y pagar una sanción que oscila entre los 601 y los 30.000 euros. Esta asociación rebaja la incidencia de la trata en la prostitución, apuntan a que son "una minoría" las mujeres explotadas por una red en Marconi. "Nos han llegado 5 actas de denuncia y las mujeres nos cuentan que se están inflando a multar", dicen desde Hetaira.


Hasta que entró en vigor la Ley Mordaza, el pasado 1 de julio, no existía una legislación estatal que amparase las multas a mujeres que están ejerciendo la prostitución. "A nivel nacional es la primera vez que se actúa de esta manera. Hasta ahora existían ordenanzas municipales en casi todas las grandes ciudades que multaban a las trabajadoras del sexo", comenta Cristina Garaizabal, portavoz de Hetaira.
Día Mundial contra la Trata de Personas

En lo que va de año la Policía Nacional ha conseguido liberar a dos mujeres rumanas que eran explotadas en Marconi. En ambos casos las víctimas eran maltratadas, una de ellas pasaba 12 horas en el polígono prostituyéndose y sin poder ingerir alimentos. Según explicó la Policía Nacional, además el proxeneta la obligó a dar a su bebé en adopción. En el otro caso, la víctima era obligada a mantener relaciones sexuales con los consumidores estando embarazada y sometida a continuas palizas y violaciones .

Este jueves se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas, un negocio que genera, según la INTERPOL, 39.000 billones de dólares al año. Por su parte, la ONU reduce la cantidad a un máximo de 10.000 millones de dólares y, de acuerdo a sus cifras, este comercio de seres humanos afecta a 4 millones de personas al año. Centrando el foco en la explotación sexual, la OIT señala que 500.000 mujeres entran cada año en Europa para ser prostituidas.

En España, desde que en 2013 comenzó la actual campaña contra las mafias de la explotación sexual, la Policía Nacional ha identificado a 20.000 víctimas de estos delitos y ha conseguido que un millar de mujeres hayan rehecho su vida fuera de la prostitución con la ayuda de varias ONG.

APRAMP es una de las organizaciones que ayuda a las víctimas a salir de la trata, desde la asociación indican que es una buena medida que se multe al cliente ya que está "utilizando a mujeres en una situación de explotación". Este tipo de sanciones, según comentó la delegada del Gobierno en Madrid, ya se están implantando en Marconi y en otras dos zonas de prostitución de la capital: la calle Montera y la Casa de Campo. La Ley Mordaza considera una infracción grave "la solicitud o aceptación por el demandante de servicios sexuales retribuidos en zonas de tránsito público en las proximidades de lugares destinados a su uso por menores", su sanción económica oscila entre los 601 y los 30.000 euros.

La Dirección General de la Policía no ha respondido a las preguntas de eldiario.es