26 julio 2015

Tragsa, una puerta giratoria en el sector público

Tragsa, una puerta giratoria en el sector público
SOMOS sindicalistas apoya y apoyara a todos los trabajadores en sus justas reivindicaciones.

Los incendios asolan el Estado español en un caluroso verano que lleva camino de ser lamentablemente histórico. Las BRIFson un cuerpo helitransportado y especializado en la extinción de incendios forestales, sin embargo, se ven obligados a ir a una huelga, que como bien han advertido, no quieren realizar.

La empresa que gestiona el servicio es Tragsa. Creada en 1977 a partir del Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario (IRYDA), el principal accionista del grupo Tragsa es:
la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 52%, seguida del Ministerio de Agricultura, con un 38%; el Ministerio de Hacienda, con un 12%, y el resto repartido entre las comunidades autónomas que participan a razón de un 1% por territorio.

Tragsa es una empresa que durante años obtuvo cuantiosos beneficios, que comenzaron a disminuir a partir del año 2010. Una cifra de negocio que ha ido menguando desde los 1.556 millones de euros en 2009, hasta los 625 millones de euros reflejados en su memoria económica de 2014. Ante una situación económica semejante, cualquier empresa privada plantearía un ERE, sin embargo, estamos hablando de una empresa pública, lo que no evitó el intento de incoar el expediente.

En octubre de 2013, Tragsa planteó el mayor ERE de la historia para una entidad de sus características. Un expediente que fue rechazado por el comité, en parte debido a la negativa de la empresa de reducir los sueldos a los directivos. Esto no es del todo cierto, pues accedieron a reducirse el salario al nivel del Presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Unos 78.000 euros anuales. Una rebaja de la que estarían exentos los cinco más altos cargos de Tragsa.

En un principio la empresa planteó un ERE que afectaba a 1.336 trabajadores, y que finalmente fue anulado por la Audiencia Nacional, aceptando tres de las reclamaciones que los sindicatos presentaron, la de más peso según sentencia, quelas administraciones públicas están debían respetar unos criterios de selección de los despidos “más estrictos” que los exigibles en la empresa privada. Tragsa se vio obligada a volver a incorporar a los 300 trabajadores que ya había despedido.
Los directivos de Tragsa, una élite intocable

Mientras más de mil trabajadores y trabajadoras de la empresa pública veían peligrar su empleo, la dirección de Tragsa continuaba acrecentando el lastre económico que supone un aparato directivo engordado a base de amiguismos.

Según denunciaron los sindicatos CGT y CCOO mientras la empresa planteaba el mayor ERE en la empresa pública del Estado español, fueron fichados en 2013 el yerno del diputado del PP Gabino Puche, la hija de un exsocio de bufete del ex ministro Miguel Arias Cañete, y un primo del secretario general técnico del Ministerio de Agricultura. Este departamento controla el 38,9% de las acciones del grupo.

Además, en pleno ERE, la empresa pública contrató a Javier de Miguel Sánchez, exalcalde de El Escorial (Madrid) por el PP, imputado en el caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. En abril de 2014 metió en nómina a una alto cargo del PP canario. Y en octubre se anunció, aunque no llegó a materializarse por lo escandaloso de la misma, la contratación como delegado en Galicia del exalcalde de Santiago, Ángel Currás, doblemente imputado por corrupción.

La dirección de la empresa también realizó acciones para protegerse de cara a afrontar el ERE, y según denunció CCOO, la empresa había blindado frente a los despidos al 100% de los expertos, el 96% de los jefes de departamento y el 93% de los mandos de actuaciones.

El aparato continuaba engordando. Pero, ¿cuáles son los sueldos de estos directivos, para que una rebaja sustancial les lleve al nivel del Presidente del Gobierno? Las retribuciones son variables. El presidente del grupo en 2013, se embolsó 183.205,07€ brutos, según la web del grupo. Unos 200 directivos de Tragsa cobraban más que Mariano Rajoy en esas fechas, según informó CCOO. Siendo benevolentes, y pese a la opacidad de la empresa, más de 16 millones de euros en sueldos anuales se repartían los altos directivos de la entidad pública. Los mismos que mantienen a un cuerpo como las BRIF cobrando 900€ mensuales y un plus de 3€ por subir a un helicóptero que les dejará en primera línea de fuego.

La mayoría de estos directivos tienen vinculaciones políticas con el PP. Otros, los menos, tienen un largo historial dentro del sector público en torno al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) u otras administraciones. Casi todos vienen recomendados por los poderes políticos, lo que convierte a Tragsa en una auténtica puerta giratoria dentro del sector público.
Las BRIF a la huelga

Las rebajas salariales y el maltrato hacia los trabajadores por parte de Tragsa no han dejado de aumentar desde la retirada del ERE por la Audiencia Nacional. Las BRIF se han convertido en el sector más combativo contra los abusos de la empresa.

Los bomberos forestales han intentado solventar mediante el diálogo una situación de precariedad en la que nunca han sido escuchadas sus demandas. Unas reivindicaciones que pasan por el reconocimiento de la categoría de bombero forestal, el establecimiento de una segunda actividad para trabajadores que por su edad ya no están en condiciones físicas de afrontar las durísimas campañas de extinción de incendios forestales, y por último, las mejoras en las condiciones laborales que incluyan pluses por peligrosidad y toxicidad dignos, que en la actualidad se solventan con unos ridículos 3€ por jornada de incendio.

La empresa se aferra a argumentos variados para negar estas reivindicaciones. Así, el 16 de julio, mientras los trabajadores y trabajadoras de las BRIF realizaban tres jornadas de huelga, la empresa se despachaba en los medios con un comunicado que aseguraba que no podían ayudar a las BRIF en sus demandas de segunda actividad pues son “una sociedad mercantil y carecen de competencias para ello”. Sin embargo, en el mismo comunicado advertían que no podían aumentar los salarios, pues la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2015 no permitía aumentos de la masa salarial para empleados del sector público. Es decir, por un lado se comporta como una sociedad mercantil, y por otro, como parte del funcionariado.

En dicho comunicado, la empresa apelaba con vehemencia “al sentido de responsabilidad de los trabajadores en huelga para que tengan en cuenta el momento de riesgo extremo que afecta a la práctica totalidad de la superficie forestal del Estado español”. Una “responsabilidad” que no parece ejercer su consejo de administración ni los más de doscientos directivos que se embolsan sueldos desorbitados.

Las BRIF comenzarán una huelga indefinida este lunes contra los desmanes de una empresa que se ha convertido en uncarísimo intermediario entre el Magrama y los servicios públicos que debe prestar. Un intermediario que convierte a sus directivos en una élite económica difícil de sostener.

La “responsabilidad” que reclama la empresa Tragsa a las BRIF ya existe, como quedó demostrada con la actuaciónbrigadistas de Tabuyo en huelga que acudieron como voluntarios, sin cobrar su sueldo, a la extinción del incendio forestal de Quintana del Castillo, el pasado 16 de julio.

Pareciera que quienes carecen de esa “responsabilidad” reclamada habitan los altos despachos del Magrama y Tragsa. Reclamémosela.