13 agosto 2015

“El de Indra es un ERE político”

“El de Indra es un ERE político”
Indra es noticia estas últimas semanas por duplicado. La compañía tecnológica ha presentado, negociado y aprobado un ERE en apenas mes y medio. Mientras los trabajadores salían a la calle a protestar, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco levantaba el secreto del sumario de la trama Púnica. Allí se recogía la presunta implicación de dos directivos de la compañía, hoy imputados en el caso: Javier de Andrés, consejero delegado, y Santiago Roura, director de Estrategia e Innovación. El juez investiga posibles facturas falsas dentro de un contrato de la compañía con la Comunidad de Madrid y la entrega de 10.000 euros en un sobre al supuesto cabecilla de la trama Púnica, Javier de Pedro.

Mientras la investigación sigue su curso y se mantienen las imputaciones, se ha consumado el ERE. El pasado día 5 de agosto, sindicatos y empresa firmaron unacuerdo por el cual 1.750 personas abandonarán Indra. Un terremoto en el panorama empresarial español sobre el que el Gobierno, principal accionista de la compañía con un 20% a través de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), no se ha pronunciado. La empresa alega causas económicas para los despidos pero otros, como el sindicato CGT, aseguran que es “un ERE político”

Entre los trabajadores hay miedo y resignación

Una trabajadora de la sede de Madrid dice que el proceso es largo y que los trabajadores van a estar “año y medio con la espada de Damocles, sin saber si te va a tocar o no. Indra no ejecuta el ERE de golpe porque despedir a casi 1800 personas a pocos meses de elecciones no da buena imagen”. La empresa se ha comprometido a no despedir a nadie antes del 1 enero de 2017, pero el ERE que comienza ahora termina precisamente el 31 diciembre de 2016.

Critica que a la vez que plantean despedir a trabajadores mayores de 40 años, la empresa contrate a jóvenes a los que paga menos dinero y ofrece peores condiciones laborales. Durante la crisis, apunta, “los directivos defendían la congelación de sueldos para aguantar la tormenta y evitar los despidos. Ahora, tras el esfuerzo de estos años, deciden despedir a cientos de personas”

Entre los trabajadores “hay miedo, pero también resignación. Deberíamos estar todos en la calle, manifestándonos. Solo salimos los mayores de 40 años: da pena”. Se refiere a las concentraciones que ha habido en las últimas semanas, que, sin embargo, no han servido para paralizar el proceso.

El acuerdo definitivo reduce en 100 el número de trabajadores que serán despedidos de aquí a final de 2016. Hay plazo hasta septiembre para presentarse voluntario y la empresa tiene, según asegura esta trabajadora, una lista de candidatos a ser incluidos en el ERE. El pacto incluye una indemnización de 40 días por año trabajado, hasta 24 mensualidades, contempla la prejubilación de trabajadores a partir de los 59 años y ofrece primas por antigüedad.

Ella misma se plantea apuntarse antes de ser incluida de forma obligatoria. “Doy el perfil. Llevo casi 20 años años en la empresa, tengo sueldo medio y jornada reducida. Si me quedo, pueden luego empeorar mis condiciones. No quiero tener 50 años y tener miedo de otro ERE, que seguro será peor”.

División en los sindicatos

La firma del acuerdo ha consumado la fractura entre los diferentes sindicatos. Cuando el ERE fue presentado, CCOO aseguró que se trataba de un “atentado grave” para los trabajadores y calificó las condiciones planteadas de “draconianas”. Juan Carlos Madroñal, miembro de la mesa negociadora, señala que, al inicio del proceso, la empresa planteaba una indemnización de 25 días y 12 mensualidades, al tiempo que decidía los nombres de los despedidos.

Ahora el sindicato coincide con la empresa en que existen causas económicas para el ERE. Juan Carlos Madroñal, miembro de la mesa negociadora, señala que Indra es “la única empresa del sector que no ha hecho reestructuración en la crisis. Ha presentado causas económicas que hay que tener en cuenta. Es un ERE económico”. También descarta que a medio plazo se separen las diferentes áreas de negocio de Indra para luego privatizarlas. “Las noticias que llegan desde la dirección van en otro sentido. Creemos que el objetivo de los accionistas no es ese, sino invertir en tecnologías de la información”.

UGT denunció durante varias semanas el ERE en su Twitter y Facebook y animó a salir a concentrarse. La última actualización es del 4 de agosto, horas antes de cerrar el acuerdo con la dirección. Tras la firma, valora positivamente el acuerdo “por el contexto económico que atraviesa la empresa”. En julio, UGT aseguraba que Indra disponía de recursos suficientes para continuar sin despidos colectivos y criticaba que se despidiera personal de áreas que funcionan bien en lugar de mejorar las que causaban pérdidas. Tras la firma, valora positivamente el acuerdo “por el contexto económico que atraviesa la empresa” y argumenta que las indemnizaciones son en algunos casos superiores al máximo legalmente tasado.

Muy diferente es la opinión de CGT. Este sindicato se ha opuesto a firmar los despidos y ha relatado el proceso desde su punto de vista en un blog.

Daniel Alzueta, portavoz de la sección sindical de Indra en CGT, asegura que “el proceso ha sido un paripé” y que la empresa sabía que iba a pactar con CCOO y UGT. Califica el papel de estos sindicatos durante estas semanas de “muy triste”. Argumenta que firmar un acuerdo supone aceptar que existen causas objetivas para los despidos. Si hay acuerdo, dice, es más difícil que el ERE sea considerado nulo.

Para CGT, el texto final es perjudicial para los trabajadores porque supone menos indemnización de la que recibirían en caso de despido improcedente. Asegura también que la empresa se ha guardado el derecho de veto a los voluntarios, por lo que no todos los que se presenten podrán beneficiarse del plus económico.

También difiere en el carácter del ERE y considera que los despidos tienen motivaciones políticas. Los últimos informes de la compañía señalan que la mayor parte de las pérdidas son en Brasil, donde se han realizado las últimas inversiones. Una de las claves del proceso, según Alzueta, es el cambio de presidente: “Cuando entra Abril- Martorell, con el mismo director financiero, Indra pasa a tenerpérdidas. Es el único factor que cambia”.

El sindicato asegura que Indra apuesta por el “modelo del PP: destruir salarios y crear empleos de mala calidad”, y teme que sea el modelo a seguir por todas las empresas del sector. Alzueta prevé también que a medio plazo el Estado venda su parte de Indra, se separe el negocio de Defensa del área Digital y de Transporte y se venda a compañías extranjeras. Asegura que este ERE “es un plan para descuartizar Indra y venderla a pedazos al mejor postor”.

El Estado venderá las acciones de Indra a medio plazo

Los últimos datos económicos de Indra son reveladores. Desde 2009 ha aumentado sus ventas pero la compañía tiene pérdidas (especialmente en los negocios de Latinoamérica) y terminó el pasado año con una deuda de 663 millones de euros.

En julio, el ministro de Defensa, Pedro Morenés, dio varias claves sobre laparticipación del Estado en Indra. Lo hizo en una entrevista a Expansión, donde aseguró que esta presencia es temporal y que las acciones se venderán cuando la industria de Defensa haya logrado un nivel adecuado.

En realidad, Indra ya fue del Estado durante sus siete primeros años de existencia años, hasta que el Gobierno de Aznar decidió vender las acciones que poseía, el 66% de la compañía. Después entraría en el accionariado Caja Madrid, Bankia y Telefónica. Hoy, con la empresa estancada y endeudada, vuelve a necesitar inversión pública para remontar.

El encargado de esta operación es Fernando Abril-Martorell, experto en reestructuraciones de empresas. El hijo del político del mismo nombre (procurador franquista, gobernador civil y después ministro) dirigió la privatización de Telefónica durante el primer Gobierno de Aznar y después como consejero delegado de PRISA ha logrado una reestructuración de la deuda de la compañía. Ahora cobrará 775.000 euros al año en Indra.

El propio Morenés asegura que Javier Monzón, el anterior presidente de la compañía, no era la persona adecuada para ejecutar el ERE y que el Gobierno presionó al resto de los accionistas para que dieran el visto bueno a su relevo. Monzón dejó el cargo con una indemnización de 16 millones de euros (más 1 por no comunicarle el cese con 15 días de antelación).

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