15 septiembre 2015

Casi dos meses de huelga

Casi dos meses de huelga
SOMOS sindicalistas expresa su solidaridad con est@s luchadores-as por la dignidad y derechos laborales. 

Las BRIF son Brigadas de Refuerzo contra Incendios Forestales que dependen del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA), que contrata para este servicio a la empresa TRAGSA.

Las BRIF son brigadas que se desplazan en helicóptero a los incendios, con el doble objetivo de llegar a los incendios en el mínimo espacio de tiempo posible, y para poder llegar hasta las zonas del incendio más inaccesibles y consecuentemente peligrosas. Este dispositivo realiza una exigente preparación física y formación teórico-práctica y pueden desplazarse a cualquier incendio del territorio nacional.

Las y los bomberos de la BRIF tienen un salario que apenas supera los 900 euros. Cobran un plus de peligrosidad de 3 euros al día por jugarse la vida apagando incendios y subiendo al helicóptero. Una asignación que consideran irrisoria ya que en el Estado español, según fuentes del MAGRAMA, en los últimos años han fallecido 141 bomberos forestales y han habido más de 1.000 heridos en incendios forestales.

Desde el colectivo de trabajadores y trabajadoras BRIF, consideran indignante esta retribución, que “pese a estas impactantes cifras TRAGSA se sigue negando a desglosar este plus en sus cuatro componentes: toxicidad, penosidad, peligrosidad, turnicidad“.

Desde mediados del año 2012, cuando comenzara el verdadero conflicto con la empresa TRAGSA, las BRIF han realizado encierros, manifestaciones y concentraciones para poder revertir lo que consideran “indignas condiciones laborales”.

“Tras la negativa a negociar por parte tanto de TRAGSA como del Ministerio de Medio Ambiente, el colectivo realizó una huelga del 15 al 17 de julio. Puesto que sigue sin haber respuesta, Las BRIF nos vimos obligados a ir de nuevo a la huelga, esta vez indefinida, desde el día 27 de Julio, llevando ya 50 días” recuerdan los trabajadores y trabajadoras BRIF.

Los trabajadores del colectivo BRIF reivindican el reconocimiento de la categoría profesional. Tanto TRAGSA como el Ministerio de Medio Ambiente no reconocen a los Bomberos Forestales como lo que son y en sus contratos figuran como “peones especialistas”.

El hecho de que trabajadoras y trabajadores del mismo sector Profesional pertenecientes a los Dispositivos Autonómicos deAndalucía, Extremadura y La Rioja; tengan reconocida la categoría profesional de Bombero Forestal, indica que sí se puede llevar a cabo el reconocimiento de la misma, sin embargo, TRAGSA y el MAGRAMA parecen no estar dispuestos a ello, ni a facilitar la formación necesaria para sus trabajadores y trabajadoras.

Piden también la segunda actividad laboral, para que cuando el cuerpo de un trabajador no aguante este duro trabajo por la edad o por lesiones profesionales y no pase las pruebas físicas anuales, no sea despedido de una manera miserable. Así mismo, solicitan, condiciones laborales dignas, que sean acordes al esfuerzo y peligrosidad que supone este trabajo.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene una responsabilidad que no debe eludir. Es el encargado de prestar un servicio de refuerzo a los distintos territorios en la lucha contra los incendios forestales, y no debe permitir que TRAGSA, la empresa pública a la que subcontrata el servicio, maltrate a sus trabajadores.

Además, desde el colectivo BRIF, consideran reseñable la “colaboración” del Ministerio de Medio Ambiente para que se produzcan incendios gracias a la modificación de la Ley de Montes que permite la recalificación de terrenos quemados.

Con esta relación de los trabajadores BRIF con empresas que funcionan con el dinero público, la lucha de los bomberos forestales deja de ser un conflicto meramente laboral con su empresa TRAGSA para hacerse extensible a toda la sociedad, ya que algunas empresas, que pertenecen a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que posee un 51 % de las acciones de cada una de las empresas participantes, están relacionadas con actos de corrupción o que rozan la ilegalidad.
¿Qué es la SEPI?

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es una entidad de Derecho Público, cuyas actividades se ajustan al ordenamiento jurídico privado, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, con dependencia directa del ministro.

El ámbito de actuación de SEPI abarca 16 empresas participadas de forma directa y mayoritaria, que constituyen el Grupo SEPI, con una plantilla final de aproximadamente 73.000 personas en 2014. También tiene competencias sobre la Corporación Radiotelevisión Española y el Ente Público RTVE, que está adscrito a esta Sociedad Estatal, así como sobre su fundación pública tutelada. También posee participaciones directas minoritarias en diez empresas e indirectas en más de cien sociedades.

El presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Ramón Aguirre, recibe un sueldo superior a 200.000€ brutos anuales con un currículo académico que, desde la BRIF, califican como “incompatible a dicha retribución”, “sin embargo se digna a nombrar nuestro incremento salarial, citando textualmente ‘no lo veo muy de recibo’ cuando él mismo ha declarado ‘en 2016, el Grupo SEPI logrará un beneficio neto de 171 millones de euros'”.

SEPI, al poseer también un 51% de las acciones de DEFEX se ha visto envuelta en el caso de corrupción de dicha empresa, con el cobro de millonarias comisiones en las operaciones de venta de material militar y armamento a países de África, como Angola o Camerún, así como de Oriente Medio, principalmente Arabia Saudí.

La empresa pública TRAGSA tiene 200 directivos que cobran más que el Presidente del Gobierno, en concreto, cobran más de 78.125€ anuales. “Mientras, en Tragsatec se reparten 17 millones de euros en concepto de ‘retribución por objetivos’,en Tragsa ni si quiera se sabe cuánto se reparten en este concepto. El coste medio de estos 200 directivos es de 109.000€ por directivo al año mientras el coste de otros trabajadores de la empresa, como los Bomberos Forestales, es de 16.000€” advierten desde BRIF.

El grupo TRAGSA no ha dejado de repartir “bonus” a sus directivos ningún año a pesar de la crisis y a pese a que en 2014 la empresa declaró 45 millones en pérdidas. En 2013 por ejemplo, se repartieron hasta 4 millones en “bonus”.

Tras dimitir Ángel Currás como Alcalde de Santiago de Compostela y como concejal por su imputación en el caso Pokemon, el Partido Popular (PP) en complicidad con TRAGSA, trataron de todas las formas posibles, de hacerle entrar en la Dirección de Tragsa Galicia. “Gracias al clamor y denuncia tanto de los trabajadores como de la opinión pública finalmente la operación fue frustrada” dicen con cierta sensación de alivio.

TRAGSA contrató como directivo en noviembre de 2013 a Joaquín Miguel Gonzalo Sánchez-Arjona, yerno del diputado del PP Gabino Puche. Además han sido contratados, también en la asesoría jurídica, la hija de un ex socio de bufete de Arias Cañete y el primo del secretario general técnico del MAGRAMA.

Las alegalidades e irregularidades en torno a TRAGSA no cesan ahí. La empresa efectuó contratos entre 1999 y 2005 con las empresas Orange Market y Special Events, controladas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Javier de Miguel, que fue Gerente de Tragsa Madrid, se benefició de las “tarjetas black” de Caja Madrid mientras fue consejero de la Caja gastando un total de 172.700€.

Mientras la empresa pública TRAGSA, controlada por el gobierno de turno, ejercía este modus operandi de sueldos desmesurados, “bonus” para directivos, enchufes de familiares y amigos y casos de corrupción, en octubre de 2013 presentaba el mayor ERE en una empresa pública. TRAGSA pretendía despedir a 1.639 trabajadores, que se sumarían a los3.500 despidos realizados en los dos años anteriores.

TRAGSA alegaba que de no producirse dicho ERE, tendría pérdidas de 27,5 millones. Simultaneamente, entre los 200 directivos de TRAGSA cobran 22 millones al año, y en Tragsatec se reparten 17 millones por objetivos. Mientras, las Comunidades Autónomas aumentan su gigantesca deuda con TRAGSA, sólo la Comunidad Valenciana le debe 80 millones.

En 2014, la Audiencia Nacional declaró nulo el ERE. Pero la empresa, que todavía sigue siendo pública y de todos, continúa con sus prácticas habituales de astronómicos sueldos y sus contrataciones a dedo.