25 septiembre 2015

Nueva jornada de huelga en Renfe y Adif

Nueva jornada de huelga en Renfe y Adif
Nuevo viernes y nueva jornada de paros en Renfe y Adif, como sucederá todos los viernes hasta el 23 de octubre, de dos horas por turno (0-2; 13-15 y 20-22 horas), convocada por los comités de empresa contra la privatización de estas empresas públicas y por el desbloqueo de las negociaciones.

"Las movilizaciones", explican desde el sindicato, "no tienen otro objeto que salvar el ataque que el Gobierno actual aplica contra el ferrocarril público y la política de privatización continua de actividades, una política que atenta contra los intereses de las y los usuarios, al conceder a empresas privadas actividades que son rentables para la caja pública.
Y atenta contra la situación de trabajadores y trabajadoras, cuyo futuro es incierto con esta política que permite el envejecimiento de la plantilla (la mayor de toda Europa, con 53,4 años de edad media), sin que se dé más solución que privatizar, en muchas ocasiones en condiciones de 'dumping social'".

Por su parte, el sindicato, que cifró el seguimiento de la huelga el 18 de septiembre en torno al 85% de las plantillas, exige a las empresas "un plan de ingresos urgentes para este año, para cubrir la escasa y envejecida plantilla tras los últimos despidos colectivos que han supuesto la supresión de más de mil puestos de trabajo desde el año 2014 en las empresas públicas ferroviarias", también otro plan que permita "el rejuvenecimiento de la plantilla, cuya edad media está en 54 años, y que de no contar con 7.000 puestos de trabajo previstos, desaparecería en gran parte en el plazo de cinco o seis años.

Para este sindicato, las distintas políticas llevadas a cabo, entre ellas "la desaparición de los puestos de trabajo sin reposiciones, la venta a bajísimo coste y con plenas garantías de beneficios rápidos de los servicios ferroviarios rentables económicamente y sumado al cierre de líneas, estaciones, frecuencias y abandono del ferrocarril que es obligación de servicio público", supone la privatización del ferrocarril público y "la conversión de un servicio muy rentable en términos sociales y estratégicos en un negocio al servicio de los grandes fondos inversores y las grandes trasnacionales que son los que están detrás de su desmantelamiento".

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