05 octubre 2015

Juicios por participación en las huelgas

Juicios por participación en las huelgas
Laura Gómez, Francisco Garrobo, Sergio, Gonzalo Fuentes, Carlos Hernández, Pedro Duque… son algunos de los nombres de los cientos de personas que en los próximos meses irán a juicio por acciones relacionadas con las huelgas generales de 2012 y por los cientos de movilizaciones en torno a los conflictos laborales acaecidos en los últimos años. Se unen a otros nombres,como ‘Alfon’, ya condenado a cuatro años de cárcel también en el marco de la huelga general del 14N; Carlos y Carmen, a la espera del indulto que les exima de cumplir los tres años de cárcel por los que fueron condenados por su participación en un piquete en el 29M; o Ana y Tamara, también pendientes de indulto, condenadas por lanzar pintura a una piscina municipal durante la huelga de 2010. Sólo la huelga del 29 de marzo de 2012 contó cerca de 300 personas detenidas en todo el Estado. La siguiente jornada de huelga sumó al menos 180 detenidos más.

“No pedimos que nos perdonen por haber arriesgado nuestros sueldos y puestos de trabajo, nuestra seguridad e integridad física. No pedimos ni clemencia ni indultos… Reclamamos y exigimos justicia social”. Bajo esta premisa, que forma parte del texto La amnistía social: una propuesta de base, una decena de colectivos y sindicatos han comenzado a trabajar para dar forma a una reclamación que tiene como objetivo final la aprobación de una ley de amnistía por la que se anulen los procesos judiciales y administrativos en relación a la participación en manifestaciones, piquetes laborales, protestas y actos derivados de las políticas de recortes llevadas a cabo desde el Gobierno en los últimos años.

Propuesta de base

“El Partido Popular, en todos estos años, ha impuesto, frente a la llamada crisis, un elemento: la represión a varios niveles y la intervención policial”, explica Toni Valero, de la Koordinadora Kolectivos del Parke, del País Valencià. Esta plataforma ya comenzó a trabajar en octubre de 2014 sobre el concepto de amnistía social y pusieron en marcha un grupo de trabajo para dar forma y difundir la idea. “En Valencia nos reunimos con las asambleas, la Intersindical Valenciana, Esquerra Unida y la Plataforma contra la Ley Mordaza, entre otros”, explica Valero. El pasado 18 de septiembre Madrid acogió una nueva reunión para seguir trabajando en la propuesta, con la participación de No Somos Delito, Comisión Legal Sol, Ecologistas en Acción, Baladre, Coordinadora 25S, la Plataforma de Inmigrantes de Madrid, Novact y CGT. En Galicia y Canarias, diversos colectivos han comenzado a trabajar sobre la propuesta, que será, previsiblemente, uno de los ejes de la próxima movilización de las Marchas de la Dignidad, fechada en el 22 de octubre. En breve se comenzará a hablar entre colectivos de Murcia. Desde el Bloque Combativo y de Clase, donde convergen Solidaridad Obrera, Co.Bas, CNT, CGT, Ecologistas en acción, AST (Alternativa sindical de Trabajadores), SAS (Sindicato Asambleario de Sanidad), Baladre e Intersindical de Aragón, han comenzado también a trabajar en la iniciativa.

“No se trata de pedir perdón, sino de dignificar la lucha por nuestros derechos”, insiste Valero. “Es cierto que se han multiplicado las ocupaciones de casas, por ejemplo, y no queremos el perdón por ello, sino que se reconozca que se si se ha hecho es porque ellos han roto las reglas del juego, han roto la convivencia y han vulnerado los derechos sociales”, continúa.

Por lo pronto, hay varias cuestiones por resolver sobre la propuesta de amnistía social. Una de ellas, en torno al propio término. “Las motivaciones de muchos de los episodios que hemos vivido recientemente han tenido un fuerte contenido de reivindicación social y aunque parezca que al final de todo siempre se encuentra la política, han sido cosas menos ambiguas las que han vertebrado la respuesta social y de clase en los últimos cuatro años, como las últimas huelgas generales y sectoriales (mineras, limpieza, sanidad, educación, estudiantiles, etc.), el 15M, los desahucios y las okupaciones, las mareas, blancas, verdes, azules, negras, etc., las marchas de la dignidad, en defensa del derecho al aborto y los derechos de los preferentistas, contra la represión, etc, ”, explica el texto del borrador.

Otra cuestión por definir es a qué tipo de infracciones o delitos haría referencia. El borrador contempla, además de la “desaparición de todos nuestros antecedentes derivados por nuestras protestas de los ficheros policiales”, la derogación de las leyes que “facilitan la cooperación de la policía con empresas de seguridad privada” y el intercambio de “nuestros datos obtenidos bajo unas actuaciones policiales abusivas”. También destaca que la amnistía llevaría aparejada la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana y de la última reforma del Código Penal.

Desde el 15M de 2011

Otro gran interrogante a resolver son los plazos: ¿desde el comienzo de la crisis? ¿desde las primeras movilizaciones del 15M? Sólo los procesos administrativos que han llegado a Legal Sol, en Madrid, alcanzaron los 1.179 sancionados en los últimos cinco años, con multas que suman más de 340.200 euros –aunque más de la mitad se recuperó con los recursos interpuestos desde el Grupo de Administrativo de la Comisión Legal Sol–. Mientras, después de más de cuatro años, los 14 detenidos en la manifestación que dio origen al 15M, en 2011, siguen a la espera de juicio, afrontando penas que suman 74 años de cárcel. El borrador del texto de la propuesta de amnistía social marca el 15 de mayo de 2011 la fecha de partida sobre la que se aplicaría la amnistía. “La amnistía […] afectaría directamente a aquellas personas que se implicaron en las respuestas a cada uno de los episodios represivos vividos desde la primera respuesta social colectiva. Es decir, desde el primer día del 15M de 2011 y a todas las luchas derivadas de las políticas de austeridad y empobrecimiento”, explica el texto del borrador.

Las preguntas siguen abiertas y el objetivo próximo es que más organizaciones sociales comiencen a trabajar sobre la iniciativa de cara al 14 de noviembre, fecha provisional fijada para la próxima reunión en la que poner en común lo trabajado.


CC OO: Fuentes y Villalba afrontan tres años y medio de cárcel

“Estábamos dando unas vueltas, y estaba casi todo cerrado. En el último bar hablamos con el propietario, que nos dijo que iba a cerrar y nos fuimos. Ya está. Después nos enteramos de que en la puerta del bar un joven había discutido con la policía y nos acercamos. Al día siguiente salimos en todos lo periódicos. Nos acusaron de ser responsables del piquete y de vulnerar el artículo 315.3 de derechos de los trabajadores”, explica Gonzalo Fuentes, secretario de Política Institucional de CC OO. Fuentes y Lola Villalba, también de CC OO, se enfrentan a tres años y medio de cárcel cada uno de ellos por participar en un piquete durante la huelga general del 14 de noviembre de 2012. Su juicio ha sido aplazado dos veces al no presentarse el policía que escribió el atestado de la detención. La nueva fecha se ha marcado para el 26 de mayo de 2016. “No conozco a ningún empresario al que hayan metido en la cárcel por vulnerar el derecho a huelga. En cambio, los trabajadores estamos siendo encausados por defender nuestro trabajo”, concluye.

SAT: Peticiones de cárcel que suman 400 años sólo entre 2011 y 2015

“En Andalucía hay más de 600 compañeros sancionados por distintas delegaciones de Gobierno y procesos judiciales que suman peticiones de más de 400 años de cárcel y más de un millón de euros en multas sólo entre 2011 y 2015”, explica Andrés Bódalo, del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Él mismo está acusado de atentado a la autoridad, resistencia y lesiones, delitos por los que el fiscal pide seis años y medio de cárcel, por las protestas que se celebraron en toda Andalucía en 2012 en torno a las peonadas. Más de 3.000 personas participaron en las movilizaciones, con las que se consiguió que el Gobierno redujera las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario de 35 a 20. “Hicimos encierros en los ayuntamientos, y sólo tuvimos problemas en el de Jódar, en Jaén”. Allí, son un total de 18 personas las acusadas por las protestas y suman peticiones de cárcel de más de cien años. “Hay mujeres de 60 años que se enfrentan a más de seis años de cárcel por participar en estas protestas”, explica Bodalo.

CNT: hasta nueve años de cárcel por las protestas del 14N en Logroño

Jorge, militante de CNT en Logroño, llevaba la megafonía en la manifestación celebrada allí durante la jornada de huelga del 14N, en 2012. Tras la manifestación, se marchó a su puesto de trabajo, en turno de noche y de servicios mínimos. “Ni siquiera le dejaron hacer huelga”, explica a Diagonal Sonia, de la plataforma Stop Represión y de CNT en La Rioja. Después de que los sindicatos leyeran sus manifiestos, la policía cargó contra los manifestantes y se llevó detenido a Pablo, quien había respondido a las cargas sentándose en el suelo pacíficamente sosteniendo una pancarta. La Fiscalía pide ahora nueve años de cárcel para Jorge, a quien le acusa de delitos de daños, agresiones y de inducir a atentado a agentes de la autoridad, a pesar de que ni siquiera estaba en el lugar de los hechos. Para Pablo, al que acusa de desórdenes públicos, atentado con medio peligroso y lesiones, la fiscalía ha pedido siete años y nueve meses de prisión. En el marco de la misma huelga hay un tercer acusado para el que se pide cinco años de cárcel.

UGT: 61 procesos penales y 24 sanciones administrativas

Desde UGT cifran en 61 los procesos judiciales por vía penal contra miembros de este sindicato. A esta cifra se suman 24 trabajadores más, sancionados por vía administrativa. “En la mayoría de los casos, el tipo penal utilizado es el artículo 315.3 del Código Penal, contra la libertad sindical y el derecho de huelga”. Desde el sindicato explican que en la mayoría de los casos les piden penas que van de los tres hasta los ocho años de cárcel, muchos por los piquetes de la huelga del 29 de marzo de 2012.

Uno de los casos citados desde UGT en cuanto a los procesos abiertos a raíz de esta huelga es el de dos sindicalistas detenidos frente a la cafetería Siguero, en Madrid, cuando formaban parte de un piquete informativo. Fueron agredidos por los agentes de policía, teniendo que recibir atención del Samur. La fiscalía pide para cada uno de ellos hasta siete años de cárcel, además de una multa económica, por supuestos delitos contra los derechos de los trabajadores y atentado a agentes de la autoridad.

Francisco Garrobo: cuatro años de cárcel y 7.700 euros

“Nos acusan de ser autores intelectuales de diversas cosas que ocurrieron en el barrio. Es absurdo, este piquete era un piquete unitario convocado por la CNT, UGT y todos los partidos y asociaciones de vecinos y 15M. No soy tan importante como para ser autor intelectual”, explica a Diagonal Francisco Garrobo, miembro del Partido Pirata, participante en varios colectivos de Barcelona. “Buscaron a personas de los grupos más alternativos”, concluye. La Fiscalía pide para él cuatro años de cárcel y 7.700 euros y tiene como juez instructora a Carmen García, la misma que investigó el caso 4F.
Artículo 315: promesas incumplidas

La modificación del artículo 315 del Código Penal, sobre derecho a huelga y el castigo a piquetes, fue una de las promesas realizadas desde el Ministerio de Justicia ante las reclamaciones lanzadas desde los sindicatos cuando, en 2012, comenzó a utilizarse este tipo penal contra las personas que participaban en piquetes informativos durante las jornadas de huelga. Aunque presente en el ordenamiento desde la época franquista, no se había llevado a los tribunales en los últimos 35 años. La última reforma del Código Penal trajo una nueva redacción de este artículo, que no fue tan positiva como las prometidas por Catalá. Aunque la nueva redacción contemple que se pueda castigar con cárcel o multa –frente a la cárcel y multa anterior­– ahora implica una pena mínima de cárcel para los trabajadores que inciten a hacer huelga (de seis meses pasa al año y nueve meses), mientras rebaja la pena máxima impuesta a quienes impidan o limiten el derecho a huelga de los trabajadores, que pasa de tres a dos años.


Noticia de Ter García publicada en Diagonal.