03 diciembre 2015

Explotación y bacterias en la La­van­dería Central de Madrid

Explotación y bacterias en la La­van­dería
El 2 de diciembre de 2013 se puso en marcha la gestión privada de la La­van­dería Central Hospitalaria, que lava y procesa la ropa de 19 hospitales públicos de la Comunidad de Ma­drid. La privatización, decían desde la Consejería de Sanidad, supondría el ahorro de 36 millones de euros a las arcas regionales. El servicio se adjudicó por 45,9 millones a una UTE formada por Flisa y Laun­dry Center, ambas pertene­cien­tes a la Fun­dación Once. Pero también supondría, denunciaban los trabajadores, un brutal empeoramiento de las condiciones de trabajo, con unas rebajas en los sueldos de hasta un 46% (de una media de 1.200 a 645 euros), y una pérdida de calidad peligrosa en un servicio hospitalario esencial.
Ambas denuncias se han cumplido. Dos años después, el balance es catastrófico y crecen las voces que defienden la reversión de la privatización.

Condiciones laborales

“Ganamos un 46% menos de sueldo. Hemos perdido todos los derechos adquiridos porque nos aplicaron su convenio, trabajamos una hora más al día y hemos perdido el derecho a los diez minutos de descanso que teníamos cada dos horas debido a que éste es un trabajo muy mecánico”, dice Carmen Collado, presidenta del comité de empresa de la Lavandería Central Hospitalaria, situada en Me­jo­rada del Campo (Madrid). Ade­más, añade, de los más de 300 trabajadores que había cuando la lavandería era de gestión pública, han pasado a ser menos de 200. Además del centenar de funcionarios que fueron recolocados en otros centros públicos, “mucha otra gente se tuvo que marchar”, indica Francisco Ronco, expresidente de la Asociación de Empleados de la Lavandería. Entre ellos, él mismo, que dejó su trabajo hace seis meses “porque la situación era insostenible”.

“Es una bajada de sueldo brutal, unas condiciones y un estrés tremendo. El mecánico, por ejemplo, tiene que encargarse de la mecánica, de la electricidad, de los repuestos, del almacén, es un volumen de trabajo excesivo”, dice Ronco, que indica que en mantenimiento han pasado de ser 27 a 12, y en almacén “había cuatro personas y ya no hay ninguna”. Todo esto, añade este antiguo trabajador de la lavandería, “se está reflejando en la cantidad de accidentes que está habiendo. Hubo un compañero que se amputó casi una falange, otro estuvo muchos meses de baja porque se cortó varios tendones, ha habido caídas, ha habido atrapamientos…”. Eso sin contar las bajas por movimientos de repetición, que son la mayoría, según indica Collado.

Además de las denuncias por las condiciones de los trabajadores, con el paso de los meses han saltado todas las alarmas ante el desastroso servicio de lavado, gestión y traslado de la ropa hospitalaria, que ahora se reparte entre la Lavandería Central de Me­jorada del Campo y otras tres lavanderías del grupo empresarial situadas en Huete, Fuenlabrada y Se­go­­via. La situación es tan grave que las tres últimas auditorías trimestra­les encargadas por el propio Go­bier­no regional se han derivado en la imposición a las empresas de tres multas de 50.000 euros cada una.

Según la última auditoría, cuyos resultados fueron publicados por El País a finales de octubre, un 35,4% de la ropa que llega a los hospitales desde las distintas lavanderías de Flisa-Laun­dry es “no utilizable” por llegar arrugada, sucia, con manchas o húmeda. Es más, según los resultados del último análisis microbiótico químico de esta ropa teóricamente higienizada, que se conocieron el 19 de noviembre, las batas de quirófano de médicos y enfermeros analizadas contienen hasta 80 tipos de bacterias, cuando el máximo permitido es de tres.

“No se sigue de la misma manera el protocolo de lavado y desinfección del Ministerio de Sanidad”, dice Ron­co, que explica que “la temperatura de lavado tiene que estar entre 80 y 85 grados, y cuando yo salí del centro estaba en 40”. Carmen Co­llado corrobora este hecho, que han denunciado ante la empresa, y añade que han cambiado los detergentes, que la ropa no se procesa igual y que “llenan mucho los túneles para lavar mucha ropa y ésta no sale limpia”. Además, esta empleada denuncia que “antes una química revisaba la ropa varias veces al día, y ahora ya no está”.

Los trabajadores también denuncian que la empresa lava mucha ropa en otras lavanderías y la traslada a empaquetar a la Lavandería Cen­tral “porque en los pliegos pone que tienen que lavar una cantidad de ropa en Mejorada, y no los están cumpliendo”. Según Ronco, para muchos traslados “la ropa se transporta en tráilers de empresas subcontratadas, y esto es peligroso, porque esos camiones transportan otras mercan­cías, y existe el riesgo tanto de que la ropa limpia se contamine con algo como de que la ropa sucia contamine la mercancía que se traslade luego”.

Pero irregularidades como éstas se llevan denunciando desde el principio.Tan sólo dos semanas después de que se iniciara la gestión privada de la Lavandería Central Hospitalaria, un reportaje de La Sexta mostraba cómo Flisa trasladaba la ropa hospitalaria sucia y la depositaba al aire libre en un almacén al por mayor de frutas y verduras en Madrid, lo cual está totalmente prohibido. “La ropa hospitalaria sólo puede salir de un centro hospitalario para ser procesada y almacenada en el mismo centro donde se va a procesar, por el riesgo biológico que conlleva”, dice Ronco.

“Hemos pasado de ser un servicio a un negocio. Si el lavado y procesado de un kilo de ropa con el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) costaba 1,52 euros, porque todo tiene un proceso, y las empresas entraron a concurso ofreciendo 0,76 euros, tienen que abaratar precios, porque una empresa privada siempre gana”, dice Collado, que incide en que “lo que denunciamos en las mareas es que con la sanidad no se puede jugar. Estamos hablando de uno de los pilares básicos de los hospitales”.

Ante las nuevas evidencias de un servicio que hace aguas, los trabajadores y las plataformas en defensa de la sanidad pública siguen reclamando la rescisión del contrato con las empresas de la Once, y que la gestión de la Lavandería Central vuelva a manos públicas. El 19 de noviembre, coincidiendo con un pleno en el que se debatía esta cuestión, la Plataforma por unos Centros Sani­tarios 100x100 Públicos presentó ante la Asamblea de Madrid más de 25.000 firmas solicitando la rescisión del contrato de externalización tanto de este servicio como del de donación de sangre, gestionado por la Cruz Roja, un acto apoyado por los grupos de PSOE y Podemos. “Está claro que hay un incumplimiento de los pliegos”, dice Carmen Collado, que indica que los próximos pasos de los trabajadores dependerán de la decisión que tome el consejero de Sanidad sobre esta cuestión después de que se publiquen los resultados de la última auditoría trimestral.

Externalización de los servicios no sanitarios

En octubre, después de años de denuncias y reivindicaciones de los trabajadores, la Consejería de Sanidad anunciaba la derogación de los dos primeros puntos del artículo 13.2 de la Ley 4/2012, que establecía la extinción de 26 categorías profesionales del Servicio Madrileño de Salud y posibilitó la privatización de servicios no sanitarios. Sin embargo, los profesionales defienden también la eliminación del punto 3, que queda intacto y se refiere a la “externalización de los servicios no sanitarios”.


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