28 enero 2016

SOMOS sindicalistas consigue que se investigue al ex-ministro Juan Alberto Belloch por su gobierno en Zaragoza

El actual equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zaragoza -ZeC- conocía poco después de su toma de posesión que el anterior gobierno municipal “había subvencionado los despidos de trabajadores de AUZSA”. Motivo por el que anunció la apertura de un expediente administrativo para averiguar si legalmente procedía la liquidación de la anterior contrata de autobús urbano, aprobada tres días antes de la toma de posesión del alcalde Pedro Santisteve. Dicha liquidación incluyó, entre otros, el pago de casi 2 millones de euros en concepto de indemnizaciones por los despidos de personal producidos durante un ERE en agosto de 2013.

El pasado mes de octubre de 2015, SOMOS SINDICALISTAS interpuso una Querella Criminal por prevaricación y malversación de caudales públicos contra:

  1. J. IGNACIO NOTIVOLI MUR, interventor general del Ayuntamiento de Zaragoza.
  2. LUIS GARCÍA-MERCANDAL Y GARCÍA-LOYGORRI, Coordinador general del área de Presidencia, Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza.
  3. Los miembros del GOBIERNO MUNICIPAL de la ciudad de Zaragoza que aprobaron la propuesta de Resolución del 5 de junio de 2015 suscrita por el sr. García Mercandal en la sesión de 11 de junio de 2015 y que se identificarán en la investigación judicial.

Los hechos a groso modo consisten en que se reducen a que TUZSA es la concesionaria en régimen administrativo de los servicios de transporte público urbanos de Zaragoza según resolución municipal de 7 de diciembre de 2012.

El 13 de junio de 2013 TUZSA constituyó la mercantil Autobuses Urbanos de Zaragoza S.A (AUZSA) como entidad gestora de la concesión, como en el pliego se contemplaba una reducción de kilómetros a recorrer, AUZSA despidió de forma objetiva a 153 trabajadores, a los hubo de abonar 1.915,783 € por indemnizaciones y liquidaciones.

AUZSA presenta unos costes de puesta en marcha que supone el abono por parte del Ayuntamiento de 3.070.143, 18€ desglosados en los siguientes subconceptos:

  • Impuesto de transmisiones: 104.202,63€ 
  • Indemnización por reestructuración de personal: 1.915.783,23€ 
  • Otros gastos de reestructuración de personal: 221.372,24€ 
  • Otros costes de la puesta en marcha: 134.083,10€ 
  • Otro inmovilizado de puesta en marcha: 261.709, 08€ 
  • Stock de puesta en marcha: 432.992,90€ 

Desde esa fecha esto está pendiente de aprobación y de la noche a la mañana el día 11 de junio de 2015, estando en funciones el Ayuntamiento, (el día 15 de junio se conforma el nuevo Ayuntamiento) se aprueba la liquidación de 3.070.143,18€ en la que se incluyen las indemnizaciones de personal, la minuta de los abogados de la empresa, incluso una sanción administrativa por valor de 198.676€ por no haber preavisado del despido de los 153 trabajadores con los 15 días de antelación previstos en la ley.

Todos estos gastos nunca deberían ser abonados por el Ayuntamiento sino por la propia empresa AUZSA ya que en el pliego de condiciones se consideran gastos imputables a la propia empresa.

Como decimos en octubre SOMOS SINDICALISTAS, después de haber ofertado que fuese el Comité de Empresa quienes se ocuparan de esta querella sin que lo consideraran oportuno, tomamos la decisión de interponerla desde la sección sindical de SOMOS SINDICALISTAS, aportando 5000€ de fianza por fin el día 21 de diciembre de 2015 el Juzgado de instrucción nº 1 se admite a trámite dicha querella.

Tras solicitar por parte del juzgado que el Ayuntamiento la identificación de los miembros del Gobierno Municipal que aprobaron esta resolución en la sesión celebrada el día 11 de junio de 2015, se identifican y el día 27 de enero de 2016 se les imputa presunto delito de malversación a los responsables municipales: