Todos los sindicatos, incluido SOMOS sindicalistas apoyan a los 8 de Airbus
José, Raúl, Tomás, Enrique, Rodolfo, Edgar, Armando, Jerónimo, conocidos como “los ocho del airbus”, se enfrentan a ocho años de prisión.
Los hechos sucedieron frente a la planta Airbus en Getafe, en el transcurso de la huelga que intentó frenar la reforma laboral de José Luis Rodríguez Zapatero. El juicio, que se inició con la declaración de los acusados, finalizará el próximo viernes con las declaraciones policiales.
La fiscalía pide 66 años de prisión para todos, ocho años y tres meses para cada uno de ellos por incumplir el artículo 315.3, que tipifica el delito de coacción en el desarrollo de una huelga y contempla penas de prisión para quienes “actuando en grupo o de forma individual, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. Además se les solicita el pago de multas por las supuestas agresiones a los policías.
Horas antes de que empiece el juicio, miles de personas marcharon desde la factoría de Airbus hasta el Juzgado número 1 de Getafe.
En la manifestación, nutrida sobre todo por trabajadores de la empresa y familiares, no han faltado representantes de diversos partidos políticos. Por parte del PSOE se dejaron ver César Luena y la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández Barroso. También acudieron los líderes de Podemos e IU Pablo Iglesias y Cayo Lara, y los secretarios de sindicatos mayoritarios. Los enjuiciados también han recibido, incluso, el apoyo del director de la planta y el de recursos humanos, que les han acompañado hasta la salida de la factoría, donde ha tenido lugar el inicio de la movilización. “Tanto plantilla como dirección apoyan la inocencia de los encausados”, afirmó a Diagonal Manuel Fernández Albano, secretario de comunicación sindical en Madrid.
Al cierre de la movilización, los representantes políticos presentes han coincidido, según Fernández Albano, en que hay que “derogar el artículo 315.3, por ser una reminiscencia de la legislación franquista”. Según este portavoz sindical, la norma criminaliza el derecho de huelga “hasta puntos insostenibles en democracia”. Este sindicato califica la utilización del artículo 315.3 –algo que no había ocurrido hasta las huelgas generales de 2010 y 2012– de “regresión democrática”. Una norma que se ha utilizado, sostiene, para “reprimir huelgas no violentas que sólo defendían sus derechos laborales”.
Para Fernández Albano, es indudable la inocencia de los acusados en lo que ha calificado como una “persecución política en toda regla”, en contra de la movilización social y el sindicalismo.
SOMOS sindicalistas Diagonal
