TV3 pide siete años de cárcel a un trabajador
"Él sólo es una cabeza de turco", así de contundente se muestra el abogado Carlos Sánchez Almeida en relación con su defendido, un trabajador del Departamento de Post Producción del Centro de Emisión y de Informativos de TV3 que afronta una petición de siete años de prisión. La cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) ha presentado un escrito ante el juzgado de instrucción número 24 de Barcelona, en la que le acusa de un delito continuado de descubrimiento de secretos -por el que pide tres años y seis meses de prisión, una pena multa de 24 meses y la inhabilitación del derecho de sufragio pasivo- y de un delito de revelación de secretos, por el que pide una pena de tres años y seis meses de prisión.
Según la dirección del consorcio público, este trabajador habría accedido a los buzones de correo de Brauli Duart y Eugeni Sallent -presidente de la CCMA y director de TV3 en el momento de los hechos, respectivamente- durante el período comprendido entre el 26 de mayo de 2012 y el 1 de agosto del mismo año. Este último día, habría reenviado un correo electrónico de Brauli Duart a 80 direcciones con una hoja de Excel con datos de la plantilla y los cálculos de indemnizacionespara llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Este expediente se materializaría al año siguiente y comportó "el periodo más conflictivo de la historia de la Corporación", según explican el comité de empresa y todas las secciones sindicales en una nota de prensa de solidaridad con el trabajador, donde anuncian que han hecho llegar "una petición urgente de desistimiento de las acciones legales" a Brauli Duart, pero que, a estas alturas, no han recibido "ninguna respuesta". "Nos parece innecesario, injusto y de consecuencias irreparables para nuestro compañero continuar con acciones legales que no resolverán nada y reabrirán las heridas de los años pasados", añaden.
Se convoca una asamblea de apoyo
El abogado del encausado cree que "la fiscalía y TV3 han abusado" y que "es un tema que nunca debería haber llegado a juicio". "Es muy discutible que el hecho concreto de la filtración del archivo de excel con los datos del ERE se pueda considerar a efectos penales difusión de datos íntimos. Estos datos probablemente deberían ser públicos.Hay sentencias, incluso una del Tribunal Supremo, que afirman que, en las instituciones públicas, no hay este tipo de intimidad personal y de la propia imagen", detalla Sánchez Almeida. Además, el letrado ha aportado a la causa un peritaje que "desmiente las afirmaciones de la policía: no hay el equivalente de lo que sería el ADN en el mundo real, no hay prueba de cargo, no hay ninguna IP que vincule al acusado con los hechos, son todo especulaciones que hacen los Mossos ". "Hay documentación que demuestra que la red corporativa de TV3 permitía conexiones remotas de terceras personas y cualquiera lo podría haber hecho", concluye. El 31 de marzo, el comité de empresa ha convocado una asamblea de trabajadores para "proponer acciones de apoyo al compañero y reclamar la retirada de las demandas".
"No hay prueba de cargo, no hay ninguna identificación informática que vincule al acusado con los hechos, son todo especulaciones que hacen los Mossos"
Fuentes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han explicado a la Directa: "Ha habido una vulneración de derechos de trabajadores y directivos de la corporación. La corporación presentó una denuncia para que esta vulneración de derechos se investigara, la fiscalía llegó a unas conclusiones y nosotros nos hemos sumado. No hay una petición de pena mayor que la que hace la fiscalía, en este caso no es así. Es evidente que ha habido una vulneración de derechos de esta casa y la corporación debe actuar para la preservación de estos derechos, desde el respeto más absoluto a la presunción de inocencia. Ahora, deben ser los órganos judiciales que dictamine la sentencia ", concluyen.
Según la dirección del consorcio público, este trabajador habría accedido a los buzones de correo de Brauli Duart y Eugeni Sallent -presidente de la CCMA y director de TV3 en el momento de los hechos, respectivamente- durante el período comprendido entre el 26 de mayo de 2012 y el 1 de agosto del mismo año. Este último día, habría reenviado un correo electrónico de Brauli Duart a 80 direcciones con una hoja de Excel con datos de la plantilla y los cálculos de indemnizacionespara llevar a cabo un Expediente de Regulación de Empleo (ERE).
Este expediente se materializaría al año siguiente y comportó "el periodo más conflictivo de la historia de la Corporación", según explican el comité de empresa y todas las secciones sindicales en una nota de prensa de solidaridad con el trabajador, donde anuncian que han hecho llegar "una petición urgente de desistimiento de las acciones legales" a Brauli Duart, pero que, a estas alturas, no han recibido "ninguna respuesta". "Nos parece innecesario, injusto y de consecuencias irreparables para nuestro compañero continuar con acciones legales que no resolverán nada y reabrirán las heridas de los años pasados", añaden.
Se convoca una asamblea de apoyo
El abogado del encausado cree que "la fiscalía y TV3 han abusado" y que "es un tema que nunca debería haber llegado a juicio". "Es muy discutible que el hecho concreto de la filtración del archivo de excel con los datos del ERE se pueda considerar a efectos penales difusión de datos íntimos. Estos datos probablemente deberían ser públicos.Hay sentencias, incluso una del Tribunal Supremo, que afirman que, en las instituciones públicas, no hay este tipo de intimidad personal y de la propia imagen", detalla Sánchez Almeida. Además, el letrado ha aportado a la causa un peritaje que "desmiente las afirmaciones de la policía: no hay el equivalente de lo que sería el ADN en el mundo real, no hay prueba de cargo, no hay ninguna IP que vincule al acusado con los hechos, son todo especulaciones que hacen los Mossos ". "Hay documentación que demuestra que la red corporativa de TV3 permitía conexiones remotas de terceras personas y cualquiera lo podría haber hecho", concluye. El 31 de marzo, el comité de empresa ha convocado una asamblea de trabajadores para "proponer acciones de apoyo al compañero y reclamar la retirada de las demandas".
"No hay prueba de cargo, no hay ninguna identificación informática que vincule al acusado con los hechos, son todo especulaciones que hacen los Mossos"
Fuentes de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales han explicado a la Directa: "Ha habido una vulneración de derechos de trabajadores y directivos de la corporación. La corporación presentó una denuncia para que esta vulneración de derechos se investigara, la fiscalía llegó a unas conclusiones y nosotros nos hemos sumado. No hay una petición de pena mayor que la que hace la fiscalía, en este caso no es así. Es evidente que ha habido una vulneración de derechos de esta casa y la corporación debe actuar para la preservación de estos derechos, desde el respeto más absoluto a la presunción de inocencia. Ahora, deben ser los órganos judiciales que dictamine la sentencia ", concluyen.
SOMOS sindicalistas Diagonal