07 abril 2016

La querella de SOMOS sindicalistas por un supuesto de prevaricación y malversación de caudales públicos sigue su curso

Citados dos altos funcionarios por los pagos del Ayuntamiento de Zaragoza a AUZSA
La querella que el sindicato SOMOS sindicalistas ha interpuesto en la ciudad de Zaragoza por un supuesto de prevaricación y malversación de caudales públicos sigue su curso en Aragón con la citación de los primeros investigados.

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, conocido por llevar a cabo la investigación de los supuestos casos de corrupción en PLAZA, ha citado, para el próximo martes 12 abril, a los funcionarios Luis García Mercadal, actual jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza y coordinador del Área de Presidencia y Economía de la época socialista, y al interventor José Ignacio Notivoli, en calidad de investigados. Ambos están siendo investigados por los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La querella interpuesta por las retribuciones aprobadas para el pago de los 153 despidos de AUZSA a la concesionaria del bus urbano en Zaragoza, es el motivo de una investigación que también incluye al exalcalde Juan Alberto Belloch y su equipo formado por Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, actual consejero de Economía de la DGA, siendo Gimeno y Belloch actualmente aforados.

Todos los querellados se han personado ya con abogado y procurador en el juzgado. Dos de los concejales del PSOE se han personado con el abogado del ayuntamiento, el resto han designado abogados privados, dada la trascendencia del asunto.

Por otro lado, el ayuntamiento ha decidido no personarse en el asunto como acusación particular, alegando que ya está la fiscalía como defensa del interés de la administración pública y que Zaragoza en Común (ZeC) aseguró, en campaña electoral, que no se personaría en procedimientos en los que ya interviniera la fiscalía, para evitar la judicialización de la institución.

El Gobierno de Zaragoza aprobaba el pasado mes de marzo, con carácter de urgencia, la declaración de lesividad del acuerdo del Gobierno de 11 de junio de 2015, por el que se aprobó la “liquidación correspondiente a los ajustes por inversión y coste de puesta en marcha del contrato de Transporte Urbano de Zaragoza 2013”.

“Este trámite era necesario para acudir a la sala de lo Contencioso Administrativo, que es la competente en determinar si una acción, tomada por un gobierno en funciones, puede revocarse por ir en contra de los intereses públicos”, explicaban entonces en nota de prensa. El decreto del gobierno de la ciudad asegura que esas indemnizaciones no debieron pagarse y dicha declaración será aportada a la causa.

También será aportado un informe del Director del Área Jurídica del ayuntamiento asegurando que el pago de las indemnizaciones fue correcto. El informe está firmado por el Director del Área Jurídica, siendo que uno de los querellados es el jefe de la Asesoría Jurídica del ayuntamiento, Luis García Mercadal.

Un informe jurídico que aunque pudiera considerarse redactado por alguien ajeno a la causa y especialista en la materia, desde la acusación del sindicato entienden que el juez debería valorar la relación que une a quien lo redacta con uno de los imputados.

Por el momento, tanto García Mercadal, como Notivoli, continúan ocupando sus puestos de trabajo en el consistorio, pues el código de “buenas prácticas” de ZeC determina que no se exigirán responsabilidades a los dos funcionarios imputados hasta que se abra juicio oral.

SOMOS sindicalistas Arainfo