SOMOS sindicalistas consigue se investiguen presuntos delitos de malversación de fondos públicos
García Mercadal ha defendido su legalidad en la declaración prestada ante el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que investiga la presunta irregularidad de esta operación, según ha explicado hoy a los medios de comunicación el abogado Javier Checa, que representa el sindicato Somos sindicalistas.
Después de García Mercadal, cuya declaración ha durado poco menos de una hora, ha testificado durante unos 30 minutos el interventor del Ayuntamiento José Ignacio Notivoli, quien ha respondido a las preguntas del juez, el fiscal y su abogado, pero se ha negado a hacerlo a las del letrado de la organización sindical.
Según este abogado, Notivoli ha señalado que en este asunto no tiene ninguna responsabilidad, salvo que los trámites se siguieran correctamente, que no era competencia de su cargo y que era un “mandao” sin potestad para decidir si se tenía que haber pagado o no las indemnizaciones.
La investigación es consecuencia de la querella que por presunta malversación y prevaricación presentó Somos, en diciembre, contra estos dos funcionarios, el exalcalde Juan Alberto Belloch y los miembros de su gobierno Carmen Dueso, Jerónimo Blasco, Lola Ranera, Roberto Fernández y Fernando Gimeno, actualmente consejero de Economía del Ejecutivo aragonés.
Para el letrado del sindicato, las indemnizaciones, que entregó a Auzsa el gobierno de Belloch tres días antes de que fuera sustituido por el actual alcalde Pedro Santisteve, de Zaragoza en Común, no pueden entenderse como “costes de puesta en marcha” del servicio por la adjudicataria porque no están en el pliego de condiciones.
Tras las declaraciones de hoy, el juez deberá decidir si llama a declarar a otros de los señalados en la querella, que podría pasar al Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) si cita a Belloch, quien actualmente ejerce como juez en Zaragoza, y Gimeno, ya que es consejero de economía del gobierno autonómico.
El sindicato “Somos sindicalistas” considera que las indemnizaciones que se pagaron por los despidos en 2013 de los 153 trabajadores de Auzsa, la mayor parte de los cuales fueron contratados de nuevo, es fruto de una actuación irregular y que ese dinero debe recuperarlo el ayuntamiento.
