2ª Asamblea Estatal General Ordinaria SOMOS Sindicalistas

Ayer se celebró la 2ª Asamblea Ordinaria General Estatal de Somos Sindicalistas, donde elegimos de manera asamblearia y democrática Portavoces, Comisión Ejecutiva, Comisión de Garantías  y Comisión de Comunicación.

Tuvimos la oportunidad y decidimos las bases a seguir para establecer el futuro de la organización.


Asistieron compañeros de diversos colectivos en lucha como trabajadores de Indra, Resistencia Movistar, de OTIS, de la sección BQ, a explicar sus luchas y la precariedad y abusos a los que les somete la patronal.


 Resistencia Movistar


Indra en Lucha

Trabajadores de OTIS, Sindicato de la Elevación

Sección SOMOS Sindicalistas BQ

También contamos con la presencia de Alberto Rodríguez, diputado por parte de Unidos Podemos; Soledad Sánchez, co-portavoz de IU Madrid; Luis Díaz, secretario de acción sindical del PCM y miembro del comité central.

Alberto Rodríguez. diputado de  Unidos Podemos


Soledad Sánchez, co-portavoz de IU Madrid
Luis Díaz, secretario de acción sindical del PCM

Todos los afiliados e invitados, coincidimos en que este sindicato y los valores que promueve, son necesarios para los intereses de los trabajadores, por la lucha de los derechos de la clase obrera y la sociedad en general.

Además la Asamblea adoptó las siguientes resoluciones y/o acuerdos:


1ª RESOLUCIÓN 

 "Por la apertura del proceso de remunicipalización de servicios externalizados y privatizados"

 Hablar de remunicipalizacion supone, por un lado, la existencia de unos servicios que presta el municipio de manera indirecta a través de la iniciativa privada y, por otro, la realización de un conjunto de actuaciones que pretenden colocar la gestión de esos servicios, total o parcialmente, en el ámbito municipal, es decir, gestionarlos de manera directa.

Lo cierto es que los servicios públicos municipales van pasando a ser de titularidad pública a lo largo del siglo XX conforme el Estado va avanzando en garantizar derechos sociales y se convierte en la salvaguarda para el ciudadano de los fallos del mercado y en el aseguramiento de los servicios, sobre todo en momentos de recesión y crisis, como ocurre actualmente.

Estas tendencias de expansión de los servicios públicos, en su titularidad y gestión, tienen un punto de inflexión en los primeros años ochenta, cuando en el ámbito anglosajón prenden planteamientos neoliberales en favor de la iniciativa privada y de mercado para solventar cuestiones públicas. A este planteamiento no es ajeno el entonces Mercado Común Europeo, que asume la liberalización del sector público en la medida en que obliga a sus estados miembros a garantizar la concurrencia y la competencia de manera prioritaria.

Los Ayuntamientos, disponiendo ya de la titularidad de los servicios públicos, en su reciente historia democrática, han venido optado mayoritariamente por la gestión indirecta de sus servicios. Se entendió que la administración debía regular y facilitar los servicios, pero no gestionarlos y menos producirlos. En estos últimos años -quizá como casi siempre, los consistorios, acuciados por su mala situación económica y animados por la promesa de ahorro que la medida les generara- muchos ayuntamientos han venido entregando servicios a empresas privadas.

Ahora la ciudadanía empieza a desconfiar -en ese desengaño que está viviendo- de lo que habrá detrás de las grandes contratas, del servicio que realmente se está dando por el precio concertado. No ha habido una pedagogía desde lo público que permita a la gente conocer el coste de los servicios, es decir los recursos que realmente consumen - que es algo más amplio que el precio-. Pero desde luego de lo que sí hay conciencia hoy, en estos tiempos de crisis, es del valor que tienen los servicios públicos.

Actualmente estamos al inicio de un cambio de tendencia o cambio de ciclo que está llevando a muchos ayuntamientos a una gestión pública de los servicios, pasando de un predominio de la gestión indirecta a la gestión directa. El debate en torno a esta cuestión y el replanteamiento de la conveniencia sobre la forma en la que se están gestionando los servicios parece que va a ser inevitable. Las causas que llevan a la conveniencia de plantearse este análisis son varias.

La primera se centra en lo que constituyó la esencia de las reformas neoliberales. Hoy existen serias dudas sobre la mayor eficiencia del sector privado sobre el sector público, sobre todo en la medida en que tomamos conciencia de que sostener el margen de beneficio que las empresas esperan obtener va en detrimento claramente de la calidad del servicio que se presta.

A lo anterior hay que añadir que quizá una de las sensibilidades que ha despertado en estos años que llevamos de crisis, es la idea de que la Administración debe garantizar ciertos servicios esenciales. Es decir, que los servicios públicos sean públicos en toda su extensión, no sólo en su titularidad sino también en su gestión.

A esta sensibilidad ciudadana no son ajenos los empleados públicos que estos años han tenido que salir a defender lo público, asumiendo también sobrecargas de trabajo, y desde luego tampoco van a ser ajenos los políticos. Por otra parte, de la experiencia reciente todos hemos sacado consecuencias: los políticos, que externalizaron servicios como quien se quitaba un dolor de cabeza; y los empleados, para quienes el tiempo transcurrido ha servido para acumular conocimiento y experiencia.

Con la remunicipalizacion se trata de resolver un contrato por causas de interés público, ante lo que supone realmente la gestión privada del interés público. Ahora este debate se incrementa como consecuencia de la transparencia que se demanda por la ciudadanía en la gestión pública.

Si la preocupación de las autoridades está efectivamente en establecer criterios de racionalización en la gestión de los recursos públicos, lo primero en que deben ocuparse es qué se está haciendo, con que técnicas, a qué precio, quién paga y con qué usuarios se cuenta, pues ha de distinguirse entre costes, precio y valor. Luego vendrá la estrategia de gestión y su implementación.

Desde Somos Sindicalistas estamos convencidos de que esta reflexión en torno a los servicios públicos y sus formas de gestión no se puede hurtar a la ciudadanía ni a los empleados públicos, y deberá ser abordada sin más excusa por las Administraciones.

En suma, comprendiendo que nos desenvolvemos en un marco de austeridad presupuestaria que hace cada vez más necesario establecer criterios de gestión que garanticen la mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios a la ciudadanía.

Siendo conscientes de la limitación que representa la actual tasa de reposición para el impulso del empleo estable y de calidad, siendo conscientes también del avance del empleo precario y temporal en general, y en la administración pública en particular.

Conocedores de que no hay un sólo informe que aconseje la prórroga de los actuales contratos vigentes con la empresa privada al quedar demostrado, como ya ha ocurrido en ayuntamientos que están rescatando servicios privatizados, que la tendencia a garantizar la tasa de beneficio de esas empresas adjudicatarias entra en colisión con el mantenimiento y mejora de la calidad de los servicios públicos.

Habiéndose constatado, como consecuencia de ello, la degradación paulatina y profunda de determinados servicios públicos, y que ha sido denunciado una y otra vez desde diversos ámbitos.

Por lo anteriormente expuesto, el sindicato Somos Sindicalistas acuerda lo siguiente:

ACUERDOS

 1.- Exigir al Gobierno de los pueblos y ciudades en donde tenga presencia, la creación de grupos de trabajo para el estudio de los contratos de servicios públicos externalizados y privatizados, análisis de su situación y de las posibilidades de actuación en defensa del sector público. Entendemos que ya es hora de sentarse a evaluar,

2.- Instar a esos gobiernos municipales a la no renovación de todos aquellos contratos de servicios externalizados,

 3.- Ofrecer a esos gobiernos municipales la colaboración activa de esta formación sindical en todo aquello que nos sea requerido y que pueda contribuir tanto al buen diseño del proceso como a su viabilidad futura,

4.- Impulsar o apoyar cualquier iniciativa encaminada a remover los factores que hoy dificultan o impiden avanzar en tal dirección, como la Ley Montoro, o la última reforma de la Ley de Bases de régimen Local

Somos Sindicalistas se compromete a luchar por el reparto equitativo de la riqueza, del crecimiento económico y de la productividad en términos de nueva creación de empleo e incremento de la duración y cuantía de las prestaciones sociales. A pelear por la implantación a nivel Estatal de una Renta Básica Universal como nuevo paradigma del Estado Social y herramienta de distribución de la riqueza.

Somos Sindicalistas se compromete a luchar por unas leyes sindicales más justas. En este sentido pediremos un cambio en la L.O.L.S para que todos los sindicatos constituidos legalmente tengan los mismos derechos y obligaciones, desechando de esta manera la injusticia, al perjudicar a la mayoría de ellos, priorizando sin ningún argumento sólido a los grandes sindicatos de la transición que nos han llevado al estado actual de precariedad en el sistema laboral.

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2ª RESOLUCIÓN

CONTRA LA REPRESIÓN SINDICAL, SOCIAL Y POLÍTICA


En estos años de recortes, pérdida de derechos y atraco a la vida de la población, somos muchas las que nos hemos alzado, desde aquél ¨despertamos¨ del 15 M. La respuesta que hemos obtenido es un endurecimiento de la legislación para acallar la voz de las trabajadoras, la Reforma de la Ley de enjuiciamiento Criminal y el Código Penal, la aprobación de la Ley de Seguridad Ciudadana ¨La Mordaza¨ ideada para penalizar todo tipo de activismo.

A día de hoy, más de 300 sindicalistas siguen en la cárcel o están amenazados con entrar en ella, víctimas de imputaciones inconcebibles en un Estado supuestamente democrático,  continúan presos e imputados decenas de activistas de la lucha contra los desahucios y la pobreza energética, varios luchadores políticos y sociales como Alfon o los compañeros internacionalistas detenidos el 27 de enero.

Desde SOMOS SINDICALISTAS queremos trasladarles a todas éstas personas nuestro ánimo, nuestra solidaridad y nuestra ternura, y recordarles, que no están solas, que sus luchas son las nuestras,  que su ejemplo y compromiso refuerza nuestro convencimiento para redoblar los esfuerzos en favor de las gentes trabajadoras.

Reclamamos el fin de la represión sindical, social y política, así como la derogación de la ley mordaza, del artículo 315.3 del código penal.

Exigimos la amnistía social, porque la democracia es condición necesaria pero no suficiente. Defender el derecho al trabajo, a una vida digna y la solidaridad nunca pueden ser delito.



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3ª RESOLUCIÓN

UNIFICANDO LAS LUCHAS

Debemos de valorar los espacios de unidad, en los que las trabajadoras, legitimados en sus propias decisiones, confluyen en mutuo apoyo y solidaridad para enfrentarse a la miseria laboral, a la imposición de las federaciones, reivindicando la soberanía de los afectados.
Queremos por ello saludar a La Plataforma "Unificando las luchas" porque es un espacio importante en las luchas colectivas, en un contexto en el que lo pretendido actualmente es la división de la clase trabajadora.

De la unión de las asambleas, las plataformas, los comités de huelga, los comités de empresa, los círculos obreros o secciones sindicales nace la fuerza para enfrentarnos a la precarización de nuestras condiciones, a los vetos y los despidos.

Nuestra voluntad es que sean las trabajadoras las que recuperen la palabra, para lo que es imprescindible un sindicalismo asambleario; coincidimos con las reivindicaciones básicas de la plataforma:

A igual trabajo igual salario. No a la discriminación por cuestiones de género, raza, nacionalidad, discapacidad o edad.

Por un incremento digno del salario mínimo, de las pensiones y la prestación por desempleo.

Prohibición por ley de los ERES, los ERTES y las ETTs.

Derogación de las sucesivas reformas laborales efectuadas contra la clase trabajadora, derogación del anterior y firma de un nuevo estatuto de los trabajadores y unos convenios más justos.

Protección efectiva contra los accidentes laborales con más control sobre las empresas en pro de que cumplan las condiciones de seguridad y salud laboral. Castigos e indemnizaciones ejemplarizantes.

Que las Instituciones Públicas no tengan publicidad o contratos con ninguna de las empresas que está en conflicto con trabajadores/as como el caso de telefónica, coca-cola…
1.A igual trabajo igual salario. No a la discriminación por cuestiones de genero, raza, nacionalidad, discapacidad o edad.
2. Por un incremento digno del salario mínimo, de las pensiones y la prestación por desempleo.
3. Prohibición por ley de los ERES, los ERTES y las ETTs.
4. Derogación de las sucesivas reformas laborales efectuadas contra la clase trabajadora, derogación del anterior y firma de un nuevo estatuto de los trabajadores y unos convenios más justos.
5. Protección efectiva contra los accidentes laborales con más control sobre las empresas en pro de que cumplan las condiciones de seguridad y salud laboral. Castigos e indemnizaciones ejemplarizantes.
6. Representación legal y laboral para los trabajadores no sindicados que se organicen en Comités de Huelga, círculos obreros y/o Asambleas de trabajadores y/o entren en conflictos con la empresa como lo está cualquier delegado sindical. Es decir, que tenga la posibilidad de convocar un paro, huelga en su empresa o pueda hacer reivindicaciones o negociar en nombre de su asamblea, con su empresa, sin necesidad de sindicarse. Es decir, tener legitimidad legal y no tener obligatoriedad de sindicarse, pasar por las elecciones sindicales, etc.
7. Fin de la represión por causas sindicales, políticas o sociales. Libertad para los presos políticos. Archivo de las causas pendientes a represaliados. Derogación de las leyes represivas de excepción.
8. Libertades políticas, sociales y sindicales plenas. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de huelga, de asociación, etc.
9. Que las Instituciones Públicas no tengan publicidad o contratos con ninguna de las empresas que está en conflicto con trabajadores/as como el caso de telefónica, coca-cola…
1.A igual trabajo igual salario. No a la discriminación por cuestiones de genero, raza, nacionalidad, discapacidad o edad.
2. Por un incremento digno del salario mínimo, de las pensiones y la prestación por desempleo.
3. Prohibición por ley de los ERES, los ERTES y las ETTs.
4. Derogación de las sucesivas reformas laborales efectuadas contra la clase trabajadora, derogación del anterior y firma de un nuevo estatuto de los trabajadores y unos convenios más justos.
5. Protección efectiva contra los accidentes laborales con más control sobre las empresas en pro de que cumplan las condiciones de seguridad y salud laboral. Castigos e indemnizaciones ejemplarizantes.
6. Representación legal y laboral para los trabajadores no sindicados que se organicen en Comités de Huelga, círculos obreros y/o Asambleas de trabajadores y/o entren en conflictos con la empresa como lo está cualquier delegado sindical. Es decir, que tenga la posibilidad de convocar un paro, huelga en su empresa o pueda hacer reivindicaciones o negociar en nombre de su asamblea, con su empresa, sin necesidad de sindicarse. Es decir, tener legitimidad legal y no tener obligatoriedad de sindicarse, pasar por las elecciones sindicales, etc.
7. Fin de la represión por causas sindicales, políticas o sociales. Libertad para los presos políticos. Archivo de las causas pendientes a represaliados. Derogación de las leyes represivas de excepción.
8. Libertades políticas, sociales y sindicales plenas. Libertad de expresión, de reunión, de manifestación, de huelga, de asociación, etc.
9. Que las Instituciones Públicas no tengan publicidad o contratos con ninguna de las empresas que está en conflicto con trabajadores/as como el caso de telefónica, coca-cola…
Por eso, desde SOMOS SINDICALISTAS queremos mostrar nuestro apoyo con todas las formas de Sindicalismo asambleario que permitan la solidaridad de las obreras en todos sus conflictos.


¡VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA!



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