En el reinado de la mentira: ¿Qué ocurre con la enseñanza superior en Madrid?
OPINIÓN
/OPINIÓN
Antonio
Castro, Ángel Ponce
Profesor
de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad
Politécnica de Madrid
La
proliferación de noticias falsas, de manipulaciones informativas, y
de falseamientos en la presunta interpretación de los hechos hace
que si un ciudadano normal intenta averiguar lo que de verdad ocurre,
tenga muy escasas opciones de conseguirlo. En el imperio de la
mentira-ahora se utiliza el eufemismo de la posverdad- ocultan la
verdad los políticos, los ministros, los parlamentarios, el fiscal
Anticorrupción y hasta el mismísimo “plasmapresidente” del
gobierno, y lo verdaderamente terrible es que no pasa absolutamente
nada. Cuando las mentiras son tan evidentes, reiteradas y
absolutamente escandalosas como en el caso del ex ministro Soria o
Pedro Antonio Sánchez, tras varios intentos desesperados de defender
lo indefendible, tienen que resignarse ante lo inevitable, y
obligarle a dimitir.
Como
los firmantes de este articulo estamos especialmente interesados en
la educación y en la docencia universitaria, coincidimos en que las
contradicciones que han surgido en el extraño caso de la imputación
-y posterior desimputación- de Marhuenda y Casals acusados de montar
una campaña contra Cristina Cifuentes- resultan tan sorprendentes
como preocupantes. Semejantes contradicciones suponen un indicio
inequívoco de la existencia de una trastienda que desconocíamos, y
que íbamos a intentar desentrañar sin regatear esfuerzos.
Pese
a que éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un trabajo
titánico, provistos de la persistencia que suele caracterizar a las
personas de buena fe, intentamos llevar a cabo nuestro propósito,
con muy escasas posibilidades, y con el apenas disimulado y casi
unánime escepticismo hasta de nuestros propios compañeros.
Para
empezar no nos resultaba nada convincente que Marhuenda se acogiese a
la teoría de la mentira piadosa para quitarse de encima a Edmundo
Rodríguez Sobrino, socio y mano derecha de Ignacio González -en la
actualidad compartiendo cárcel ambos - y así tratar de justificar
las conversaciones telefónicas que desvelaban un plan preconcebido
para “ayudar” a que “Cifu” entendiera que no iba a resultar
rentable ayudar a investigar el caso del Canal de Isabel II. Pero aún
menos convincente resultaba que si la presidenta de la Comunidad de
Madrid fue decisiva en la imputación, en su declaración ante el
juez tratara de quitar hierro al asunto, y afirmara que ese tipo de
presiones eran cotidianas y carecían de importancia. Siguiendo el
camino marcado por su jefa, la directora de gabinete de Cifuentes,
Marisa González, a la que el director de La Razón denominaba
“zorra”-según declaración propia para tranquilizar a su amigo
que estaba fuera de sí- transitó por idéntico sendero, lo que se
tradujo finalmente en la insólita desimputación del director y del
Presidente de La Razón.
Las
cosas se complican más cuando algunos -los menos- periódicos
informan-más bien de tapadillo-, que, frente a la postura del
director y el presidente de La Razón, el Consejo de
Administración decide prohibir que se lleve a cabo la campaña de
presión contra Cifuentes.
¿Cuáles
son las razones de semejante y sorprendente cambio de opinión? Al
parecer, la respuesta estaría en unas negociaciones con la CAM, en
las que el grupo Planeta intenta asegurarse que una de las dos
Universidades privadas que Madrid pretende autorizar sea para
Planeta, y que enfrentarse con Cifuentes no parece el mejor camino
para conseguirlo. Pero Marhuenda y Casals-este último se
autoadjudica el papel de diseñador del plan- encuentran un sistema
de burlar la orden superior.
La
brillante idea de Casals consiste en inventarse una
encuesta-inexistente- para enfrentar a Cristina Cifuentes con su
propio partido. Para ello publicaron una encuesta en la que la
presidenta de la Comunidad de Madrid aparecía como la mejor situada
para suceder a Rajoy, con más apoyos de los que tendrían dirigentes
como M.ª Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría. Y
decidieron colocarla de portada el día que el Partido Popular
celebraba su congreso nacional. “Es la mayor de las putadas que tú
le puedes hacer a alguien. Porque coño, en un momento en que no se
discute para nada el liderazgo del otro (se refiere a Mariano Rajoy)
la metes a ella en el foco para que le den entre todos" asegura
textualmente Casals en una conversación telefónica interceptada.
Al
parecer, el plan surtió efecto porque Cifuentes se quejó ante el
presidente del grupo Planeta de la actuación de La Razón,
pese a que la concreción de la encuesta resultó bastante chapuza,
ya que la suma de los porcentajes de los teóricos aspirantes a
suceder a Rajoy, alcanzaba el 187,75%.
Retornando
a nuestras preocupaciones prioritarias, mucho nos tememos que este
episodio sea un perfecto ejemplo de cómo se gestiona la Universidad
-tanto pública como privada- en nuestro país. Pero además pone de
manifiesto la utilización permanente de la “posverdad” por parte
de los políticos. Los responsables de Educación, tanto estatales
como autonómicos y muy especialmente el inefable Sr Wert, se
hartaron de decir que gran parte de los problemas de las
universidades españolas era su proliferación. El ministro peor
valorado de la democracia no dudó en falsear los datos para tratar
de hacer defendible su postura.
Pero
la realidad nos asegura algo muy diferente. España tiene en la
actualidad 50 públicas y 32 privadas, La incoherencia -aparente- es
total. Afirman que sobran universidades, pero por otro lado facilitan
que aparezcan nuevas Universidades Privadas. Los datos son
contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que
Públicas (6). En los últimos 27 años se han creado dos
Universidades Públicas, mientras que las Universidades Privadas
nuevas han sido 10. Si nos referimos a los últimos 20 años no se ha
creado ninguna Universidad Pública, mientras que las privadas se han
incrementado en 6. Ahora parece que las Universidades Privadas en
Madrid alcanzarán las 10, mientras las públicas se enzarzan en la
disminución de facultades y la reestructuración de titulaciones.
A
pesar de todo, Comunidad de Madrid y Ministerio aseguran que
defienden las Universidades Publicas a las que asfixian
económicamente, y aumentan-en el cómputo total en Madrid- casi un
50% las tasas. La LEMES, la ley de Universidades que propone la CAM,
consolida los recortes, garantiza una Universidad a dos -o más
-velocidades, enfrenta docencia e investigación, y se define por un
modelo de Universidad Pública como negocio en lugar de como servicio
público. Y como guinda, mientras la ley rebaja las exigencias para
crear una Universidad Privada, la presidenta negocia privadamente con
Planeta la concesión de una Universidad más, dadas las muchas que
sobran en el país y en la Comunidad Autónoma. En estas condiciones,
¿poseen fuerza moral para tratar de imponer una ley que pretende por
encima de todo asegurarse el control de las Universidades públicas
madrileñas?
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