En el reinado de la mentira: ¿Qué ocurre con la enseñanza superior en Madrid?

OPINIÓN /OPINIÓN

Antonio Castro, Ángel Ponce

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid y profesor de la Universidad Politécnica de Madrid

La proliferación de noticias falsas, de manipulaciones informativas, y de falseamientos en la presunta interpretación de los hechos hace que si un ciudadano normal intenta averiguar lo que de verdad ocurre, tenga muy escasas opciones de conseguirlo. En el imperio de la mentira-ahora se utiliza el eufemismo de la posverdad- ocultan la verdad los políticos, los ministros, los parlamentarios, el fiscal Anticorrupción y hasta el mismísimo “plasmapresidente” del gobierno, y lo verdaderamente terrible es que no pasa absolutamente nada. Cuando las mentiras son tan evidentes, reiteradas y absolutamente escandalosas como en el caso del ex ministro Soria o Pedro Antonio Sánchez, tras varios intentos desesperados de defender lo indefendible, tienen que resignarse ante lo inevitable, y obligarle a dimitir.

Como los firmantes de este articulo estamos especialmente interesados en la educación y en la docencia universitaria, coincidimos en que las contradicciones que han surgido en el extraño caso de la imputación -y posterior desimputación- de Marhuenda y Casals acusados de montar una campaña contra Cristina Cifuentes- resultan tan sorprendentes como preocupantes. Semejantes contradicciones suponen un indicio inequívoco de la existencia de una trastienda que desconocíamos, y que íbamos a intentar desentrañar sin regatear esfuerzos.

Pese a que éramos conscientes de que nos enfrentábamos a un trabajo titánico, provistos de la persistencia que suele caracterizar a las personas de buena fe, intentamos llevar a cabo nuestro propósito, con muy escasas posibilidades, y con el apenas disimulado y casi unánime escepticismo hasta de nuestros propios compañeros.

Para empezar no nos resultaba nada convincente que Marhuenda se acogiese a la teoría de la mentira piadosa para quitarse de encima a Edmundo Rodríguez Sobrino, socio y mano derecha de Ignacio González -en la actualidad compartiendo cárcel ambos - y así tratar de justificar las conversaciones telefónicas que desvelaban un plan preconcebido para “ayudar” a que “Cifu” entendiera que no iba a resultar rentable ayudar a investigar el caso del Canal de Isabel II. Pero aún menos convincente resultaba que si la presidenta de la Comunidad de Madrid fue decisiva en la imputación, en su declaración ante el juez tratara de quitar hierro al asunto, y afirmara que ese tipo de presiones eran cotidianas y carecían de importancia. Siguiendo el camino marcado por su jefa, la directora de gabinete de Cifuentes, Marisa González, a la que el director de La Razón denominaba “zorra”-según declaración propia para tranquilizar a su amigo que estaba fuera de sí- transitó por idéntico sendero, lo que se tradujo finalmente en la insólita desimputación del director y del Presidente de La Razón.

Las cosas se complican más cuando algunos -los menos- periódicos informan-más bien de tapadillo-, que, frente a la postura del director y el presidente de La Razón, el Consejo de Administración decide prohibir que se lleve a cabo la campaña de presión contra Cifuentes.

¿Cuáles son las razones de semejante y sorprendente cambio de opinión? Al parecer, la respuesta estaría en unas negociaciones con la CAM, en las que el grupo Planeta intenta asegurarse que una de las dos Universidades privadas que Madrid pretende autorizar sea para Planeta, y que enfrentarse con Cifuentes no parece el mejor camino para conseguirlo. Pero Marhuenda y Casals-este último se autoadjudica el papel de diseñador del plan- encuentran un sistema de burlar la orden superior.

La brillante idea de Casals consiste en inventarse una encuesta-inexistente- para enfrentar a Cristina Cifuentes con su propio partido. Para ello publicaron una encuesta en la que la presidenta de la Comunidad de Madrid aparecía como la mejor situada para suceder a Rajoy, con más apoyos de los que tendrían dirigentes como M.ª Dolores de Cospedal o Soraya Sáenz de Santamaría. Y decidieron colocarla de portada el día que el Partido Popular celebraba su congreso nacional. “Es la mayor de las putadas que tú le puedes hacer a alguien. Porque coño, en un momento en que no se discute para nada el liderazgo del otro (se refiere a Mariano Rajoy) la metes a ella en el foco para que le den entre todos" asegura textualmente Casals en una conversación telefónica interceptada.

Al parecer, el plan surtió efecto porque Cifuentes se quejó ante el presidente del grupo Planeta de la actuación de La Razón, pese a que la concreción de la encuesta resultó bastante chapuza, ya que la suma de los porcentajes de los teóricos aspirantes a suceder a Rajoy, alcanzaba el 187,75%.

Retornando a nuestras preocupaciones prioritarias, mucho nos tememos que este episodio sea un perfecto ejemplo de cómo se gestiona la Universidad -tanto pública como privada- en nuestro país. Pero además pone de manifiesto la utilización permanente de la “posverdad” por parte de los políticos. Los responsables de Educación, tanto estatales como autonómicos y muy especialmente el inefable Sr Wert, se hartaron de decir que gran parte de los problemas de las universidades españolas era su proliferación. El ministro peor valorado de la democracia no dudó en falsear los datos para tratar de hacer defendible su postura.

Pero la realidad nos asegura algo muy diferente. España tiene en la actualidad 50 públicas y 32 privadas, La incoherencia -aparente- es total. Afirman que sobran universidades, pero por otro lado facilitan que aparezcan nuevas Universidades Privadas. Los datos son contundentes: en Madrid hay más Universidades Privadas (8) que Públicas (6). En los últimos 27 años se han creado dos Universidades Públicas, mientras que las Universidades Privadas nuevas han sido 10. Si nos referimos a los últimos 20 años no se ha creado ninguna Universidad Pública, mientras que las privadas se han incrementado en 6. Ahora parece que las Universidades Privadas en Madrid alcanzarán las 10, mientras las públicas se enzarzan en la disminución de facultades y la reestructuración de titulaciones.

A pesar de todo, Comunidad de Madrid y Ministerio aseguran que defienden las Universidades Publicas a las que asfixian económicamente, y aumentan-en el cómputo total en Madrid- casi un 50% las tasas. La LEMES, la ley de Universidades que propone la CAM, consolida los recortes, garantiza una Universidad a dos -o más -velocidades, enfrenta docencia e investigación, y se define por un modelo de Universidad Pública como negocio en lugar de como servicio público. Y como guinda, mientras la ley rebaja las exigencias para crear una Universidad Privada, la presidenta negocia privadamente con Planeta la concesión de una Universidad más, dadas las muchas que sobran en el país y en la Comunidad Autónoma. En estas condiciones, ¿poseen fuerza moral para tratar de imponer una ley que pretende por encima de todo asegurarse el control de las Universidades públicas madrileñas?

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