11 junio 2017

La precariedad mina el sistema sanitario pese a la nueva oferta de empleo

Personal sanitario llevando a cabo su trabajo en la habitación de un hospital


La temporalidad del personal sanitario es un problema innegable del Sistema Nacional de Salud. Estimaciones distintas coinciden en señalar que esa situación afecta a más del 35% de las diferentes categorías profesionales existentes en los centros sanitarios públicos. La proporción es similar en las distintas comunidades autónomas.

Las consecuencias de esa situación, en cuyo diagnóstico cuantitativo coinciden organizaciones profesionales y sindicales, e incluso las administraciones públicas -que, sin embargo, se diferencian netamente en sus propuestas de solución-, afectan no solo de manera individual a cada uno de los profesionales incluídos en ella comprometiendo su perspectiva de futuro personal y profesional, sino también a los servicios de salud en su conjunto y a la calidad y eficiencia de los servicios que estos prestan. 

Los profesionales, inseguros en puestos de trabajo cambiantes, sujetos a contratos de escasa duración -en muchos casos renovados de forma manifiestamente fraudulenta de manera periódica-, carecen de incentivo alguno para identificar sus intereses personales con el buen funcionamiento de los servicios públicos.

La solución de esa situación que propone ahora el Ministerio de Hacienda, que mantiene bloqueadas las convocatorias de plazas en todas las CC.AA desde 2012 en función del objetivo de control del déficit público, es la convocatoria de una Oferta Pública de Empleo (OPE) extraordinaria de más de 130.000 plazas de todas las categorías profesionales en el conjunto de los servicios sanitarios de todas las CC.AA.

El problema no es nuevo, ni lo es tampoco la vía de solución que ahora se propone: en noviembre de 2001 se convocó también una OPE extraordinaria de más de 35.000 plazas que se venían también desempeñando en condiciones de temporalidad irregular desde mediados de los años noventa, con Gobiernos del PSOE y luego del PP, en el territorio de diez comunidades.

Los profesionales, inseguros en puestos de trabajo cambiantes y sujetos a contratos de escasa duración, carecen de incentivo alguno para identificar sus intereses personales con el buen funcionamiento de los servicios públicos
Las razones de la acumulación de plazas temporales han sido las mismas en los dos casos. En primer lugar, el incumplimiento de las normas estatutarias que regían entonces y las que rigen ahora la contratación de personal sanitario de desempeño temporal (nombramientos de personal interino, eventual o de sustitución), por plazos limitados y en supuestos concretos. 

Esos límites fueron superados por los centros en ambos períodos de manera discrecional y sin control alguno, con la tolerancia o incluso el fomento de las direcciones de los servicios de salud, principalmente como instrumento de control del gasto en personal, una de las partidas principales del gasto sanitario. Lo que recibió un empujón añadido por las limitaciones a la reposición de las plazas que quedaran vacantes que estableció el RD-Ley 16/2012, dejando el control de la cobertura ordinaria de las mismas al criterio directo, persistentemente negativo hasta ahora, del Ministerio de Hacienda.      

La segunda razón es la preferencia sostenida de las organizaciones sindicales y profesionales del sector por la defensa de la condición "estatutaria" de las plazas sanitarias, que conlleva, además de otras condiciones, el nombramiento "en propiedad" de las fijas, y por la de los derechos de quienes las desempeñan, por encima del control de los nombramientos temporales irregulares que se han venido realizando desde hace años, sin ninguna respuesta real eficaz por parte de aquellas.

La situación de "propiedad estatutaria" sobre las plazas sanitarias fijas se arrastra desde los tiempos de la dictadura. Vinculada al sistema de Seguridad Social ,que fue la base del SNS y asimilada en la práctica a la funcionarial -y aún con algunas ventajas con respecto a esta-, carece de comparación posible en los servicios sanitarios públicos de cualquier otro país desarrollado.

Esa situación impide, de hecho, cualquier control efectivo de la productividad de los que alcanzan esos nombramientos “en propiedad” que, sin embargo, no son susceptibles de remoción o sanción en la realidad, sea cual sea su rendimiento. Es, en consecuencia, uno de los factores principales de la ineficiencia de los centros públicos más unánimemente reconocidos, que contrasta más aún en comparación con los privadosen los que los contratos temporales son proporcionalmente más reducidos.

Ningún partido, ejerza o no algún Gobierno, se siente, sin embargo, concernido por ello. No muestran tampoco ningún interés por cambiar esa relación, ni siquiera garantizando los derechos de los que desempeñan las plazas “en propiedad”, en previsión de los conflictos con las organizaciones sindicales y profesionales que podría generar el intento de sustituirla para las contrataciones nuevas por una relación laboral específica más adecuada al mejor funcionamiento de los servicios públicos de salud, como las que están en vigor en otros países. 

Lo que aboca a los nuevos profesionales, a los que esas organizaciones no representan de manera efectiva, a las formas de contratación temporal irregular que se les ofrecen, con el único horizonte de que en un plazo indefinido puedan alcanzar alguna vez una plaza fija, sin poder optar por otras formas alternativas más favorables de contratación.  

Un nuevo paso en falso    

La convocatoria de una nueva OPE sobre las mismas bases de aplicación del régimen estatutario supone, además de una nueva renuncia a buscar la forma de relación más adecuada para el funcionamiento de los servicios sanitarios públicos, un nuevo paso en falso en la reproducción de los problemas de temporalidad de una proporción significativa del personal sanitario en un plazo no muy largo. 

Lo que sucedería de nuevo si, como ocurrió con la de 2001, no se adopta ninguna medida simultánea para garantizar siquiera el cumplimiento de las limitaciones establecidas en las normas estatutarias sobre contratación temporal, ni si el Ministerio de Hacienda no modifica sus medidas de control sobre reposición de las plazas vacantes, lo que no parece dispuesto a hacer.

La realización de una convocatoria de las características citadas supondría abrir un amplio período de inestabilidad en el conjunto de las instituciones sanitarias
Por otra parte, la urgencia de una convocatoria de esas características parece aún más dudosa: todas las CC.AA están adoptando medidas para mejorar las condiciones de los contratos temporales, extendiendo de una u otra forma la duración de los mismos y, a la vez, se están produciendo numerosas sentencias que están poniendo en cuestión los efectos de esas formas de contratación irregular.
Por su parte, la realización de una convocatoria de las características citadas supondría abrir un amplio período de inestabilidad en el conjunto de las instituciones sanitarias. 

Si en 2001 la convocatoria de 35.000 plazas supuso la presentación de de 286.000 solicitudes y su finalización, prevista en un año y medio, requirió en realidad más de seis años, se puede suponer en qué resultaría la solución del número de plazas, mayor de 130.000, prevista ahora. 

Además, la convocatoria, conforme a los criterios de prioridad sindicales descritos antes, debería acompañarse del ejercicio previo del derecho de traslado del personal con plaza "en propiedad". Lo que se ha señalado ya por distintas administraciones como uno de los obstáculos principales para su realización

Que, más de treinta años después de venir arrastrando una situación semejante, se planteen como solución de la temporalidad en el sistema sanitario público mecanismos cuya ineficacia para resolver ese problema ha sido ya comprobada, es una prueba más del nulo interés de todos los partidos políticos por los problemas reales de futuro del SNS. 

También del bloqueo efectivo que, por ello, sufre el sistema bajo el mando de un ministerio tan subordinado al de Hacienda que ni siquiera tiene capacidad política autónoma para ordenar el gobierno del propio sector

SOMOS SINDICALISTAS | Fuente: bez  | Autor: Javier Rey del Castillo