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26 febrero 2020

LA ESTAFA EN LA CONTRATACIÓN DE EE.PP INTERINOS EN ESPAÑA



SE SIGUE DESTAPANDO LA ESTAFA EN LA CONTRATACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA. EL ESTADO ESPAÑOL TIENE EN SU MANO LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, CON EL MENOR COSTE POSIBLE Y SIN QUE ELLO SUPONGA LA CONDENA AL PERSONAL EXPLOTADO.

Miles de trabajadoras y trabajadores estafados han salido a la calle el pasado día 15 de febrero para exigir que se corrija el incumplimiento legal que todas las Administraciones Públicas, sin excepción, han realizado durante décadas.  En resumen, se trata de un abuso enorme de la contratación temporal en todas las AA.PP. que ha supuesto que un porcentaje muy elevado de EE.PP. de todos los sectores y desempeñando múltiples funciones, lleven muchos años trabajando en fraude de ley, en condiciones precarias y sin posibilidad de consolidar sus plazas. Se barajan cifras que marean, entre 500.000 y 800.000 personas pueden estar afectadas por esta GRAN ESTAFA QUE ALGUNOS PRETENDEN CONVERTIR EN UN ERE ENCUBIERTO.
Si esta gran irregularidad en la contratación la hubiera realizado una empresa privada, o incluso una sociedad pública mercantil, tendría sanciones enormes siendo una de esas sanciones la transformación a fijo de todas las personas contratadas en fraude de ley, pero para las Administraciones Públicas no hay legislación que castigue esta perversión en la contratación de su personal.    Ante esta situación desbordante, y ante las denuncias que ya trascendían a la Unión Europea, en el año 2017 para resolver el problema que ellos mismos habían creado, el anterior Gobierno a través del Ministro Montoro se reunió con los Sindicatos CCOO UGT y CSIF para perpetrar y regular el ERE/DESPIDO sin indemnización ni reconocimiento de derechos a todas esas personas que han trabajado durante décadas para el pueblo (personal sanitario, bomberos, maestros administrativos, personal de la administración de justicia, etc.). Estos “ejecutores” dijeron que las personas que llevan muchos años desempeñando las funciones sin ningún problema, concatenando contratos y/u ocupando puestos estructurales durante décadas, que han contribuido a salvar entre otros servicios públicos la sanidad y la educación, tienen que demostrar en unas pruebas enfrentándose a otros cientos de miles de candidatos que son aptas para realizar el trabajo que llevan desempeñando durante décadas. “Esto es de locos”. Que si no supera esas pruebas se va a la calle, en muchos casos con más de 50 años y sin derecho a indemnización, es decir avocados en muchos casos a la exclusión social. Lamentamos la falta de sensibilidad de estas cúpulas sindicales que han vuelto a demostrar su falta de apoyo y su lejanía a las trabajadoras y trabajadores de este País.
El tribunal europeo tiene que resolver el próximo día 19 de marzo cuál tiene que ser el
castigo para que las AAPP no sigan cometiendo el fraude de ley en la contratación. Desgraciadamente, ni los Gobiernos ni los Tribunales Nacionales han resuelto este problema y tiene que intervenir Europa para poner orden y terminar de destapar la enorme irregularidad existente. 

El coste para el Estado (es decir para todos nuestros bolsillos) si no se aportan otras soluciones o si el Tribunal Europeo no lo deja todo muy claro y cerrado, va a ser muy elevado por los siguientes motivos:
·       Se perderá la experiencia laboral y aprendizaje de todas las personas sustituidas. 
·       Se tendrá que indemnizar a todas las personas que demanden los despidos, que serán cientos de miles, con la consiguiente sobrecarga de trabajo y coste a los Tribunales de Justicia.
·       Se tendrá que pagar el subsidio de desempleo durante el tiempo de paro.
·       Abocaremos a personas con estructura social y económica normalizada a la pobreza.
Como hemos venido poniendo de manifiesto en reiteradas ocasiones, en nuestra opinión existen alternativas mucho menos costosas tanto económica como socialmente que solucionarían el problema. Sería tan sencillo como sacar todas las plazas que estén vacantes en cada año en las ofertas de empleo que no estén vencidas, legislar de forma clara para impedir que a partir de ahora se incurra en fraude de ley por estar las plazas ocupadas de forma interina o temporal durante más de tres años, prolongar en el tiempo la obligación de cumplir con la reducción de la tasa de temporalidad de las AA.PP. y sacar a oferta de empleo las plazas del personal que está en fraude de ley cuando se vayan quedando vacantes dichas plazas. Todo ello con independencia de que se puedan realizar concursos de méritos u otras fórmulas que se consideren oportunas y necesarias pero que no provoquen el despido de nadie.  Entendemos que esta fórmula evitaría todos los problemas mencionados, y el coste solo sería la prolongación en el tiempo de la oferta de empleo de las plazas ocupadas por las personas cuyos contratos actualmente están en fraude de ley.
NO SE PUEDE PENALIZAR/SACRIFICAR A QUIEN DESEMPEÑA EL TRABAJO PÚBLICO EN FRAUDE DE LEY
Desde SOMOS SINDICALISTAS hacemos un llamamiento al actual Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios del Congreso para que actúen con la responsabilidad y la sensibilidad que requiere este enorme problema, impidiendo que se consume una medida que genere un sufrimiento innecesario a las personas y un boquete de indemnizaciones al erario público. 
Hacemos también un llamamiento a todas las personas afectadas, organizaciones sindicales, asociaciones, plataformas, etc. que se han movilizado para protestar contra esta injusticia a que sigan luchando y apoyando a la mano de obra de los Servicios Públicos, a quienes quieren echar a los perros después de haber servido bien a la ciudadanía, basándose en un indecente y desalmado acuerdazo de los vendeobreros de siempre.
GOBIERNE QUIEN GOBIERNE, EL EMPLEO SE DEFIENDE
Madrid a 26 de febrero de 2020