Personal interino y temporal en fraude de ley tras la sentencia del tribunal europeo y con la enorme crisis sanitaria, social y económica que atravesamos por el coronavirus:
Se ratifica ya de forma
irrefutable, tras la sentencia del tribunal europeo del pasado día
19 de marzo, que hay que ofrecer a las trabajadoras y trabajadores
que están en fraude de ley en las AAPP una solución distinta a la
que hay en la mesa actualmente, esto pasa por: reconvertir su
relación temporal en fija, mantener su situación actual pero
igualando sus derechos a los del resto de personal hasta extinguir
sus plazas o indemnizarles por el cese, como en cualquier otro
despido improcedente, y también por los posibles daños ocasionados.
Tanto los dirigentes de las AAPP, como los sindicatos mayoritarios y
los distintos responsables políticos que han gobernado han quedado
en evidencia ante las autoridades europeas y toda la ciudadanía por
incumplimiento normativo y fraude en la contratación de cientos de
miles de trabajadores durante décadas.
La
humanidad tiene encima la mayor crisis sanitaria masiva conocida en
los últimos tiempos que se va a transformar en una crisis social y
económica de magnitudes incalculables. Esta crisis está dejando al
descubierto las carencias de medios y servicios públicos debidos,
entre otras cosas, a los recortes de puestos de trabajo, los medios
para desempeñarlos y las privatizaciones y externalizaciones de
servicios públicos. Las trabajadoras y trabajadores temporales e
interinos en fraude de ley están trabajando frente a esta crisis de
manera idéntica a la que lo hace la parte de la plantilla que sí es
fija, que se están jugando la salud, incluso la vida, para mantener
servicios públicos esenciales e intentar salvar la de muchas otras
personas. En la primera línea de la lucha contra el coronavirus
están los Servicios de Urgencias Hospitalarias, quizá el colectivos
más representativos del fraude de ley, el abuso y la precarización
de todas las AAPP, con un porcentaje de temporalidad superior al 80%
en unos puestos de trabajo que nadie puede discutir que son
esenciales y permanentes; esa temporalidad es tan alta de manera
intencionada, mermando su capacidad de reivindicación o queja, bajo
la posibilidad de cese y/o no volverse a contratar, dada la
excepcionalidad de sus horarios y turnos de trabajo brutales (no sólo
ahora, que lo hacen muy por encima de sus obligaciones para intentar
cumplir con las necesidades de esta emergencia sanitaria, a diario).
Las
trabajadoras y trabajadores afectados y algunos sindicatos
alternativos hemos conseguido que se visibilice el ERE (con despido
libre y gratuito) que se pretende ejecutar y se conozca la magnitud
del fraude en la contratación de las AAPP en nuestro país, esto ha
sido posible por la lucha incansable en las calles, redes sociales y
los tribunales realizada en la defensa de los puestos de trabajo y de
un servicio público de calidad. Ahora es más necesaria que nunca
la movilización y lucha de las personas afectadas y el resto de la
ciudadanía y organizaciones que apoyamos sus reivindicaciones.
Ante
la situación crítica que vivimos, reiteramos que el Gobierno
Español tiene que solucionar de una vez este gravísimo problema
que, si no se remedia de forma adecuada, va a suponer tener cientos
de miles de personas defendiendo sus derechos, llenando las calles y
saturando los tribunales de justicia, con un enorme coste económico,
social y humano; todo este sufrimiento es evitable.
Por
tanto, reiteramos que la mejor solución a corto plazo es paralizar y
descartar definitivamente los procesos de estabilización de empleo,
sacar la oferta de empleo de todas las plazas vacantes que no estén
ocupadas por trabajadores en fraude de ley y regular mecanismos y
sanciones para que eviten que las administraciones, y las personas
responsables de su gestión, incurran nuevamente en fraude en la
contratación. Con estas medidas garantizamos la paz social del
colectivo, mantendremos los puestos de las personas que los ocupan,
evitamos las indemnizaciones enormes que tendrían que pagarse con
dinero público, el colapso de los tribunales de justicia, el paro de
todos aquellos que se queden en la calle y la exclusión social en la
que podrían caer cientos de miles de personas afectadas.
Las
trabajadoras y trabajadores que sufren la amenaza de despido en las
AAPP llevan décadas luchando, y siguen haciéndolo, en la defensa
del servicio público de calidad y acumulando experiencia y
conocimientos que no debemos permitir que se pierdan.