El empleo en las elecciones autonómicas: tener y no tener (competencias)
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La atención a la dependencia es una de las
competencias de las Comunidades. / HAZEINA
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La profesora titular del departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València Adoración Guamán recuerda que, aunque un debate electoral se aborden distintos temas, no se debe perder de vista que “la competencia para la regulación de política de empleo y de relación laboral es estatal”.
Así, las distintas candidaturas autonómicas “no pueden comprometerse a perspectivas macro como puede ser la derogación de la reforma laboral desde las competencias de una comunidad autonómica”, subraya Guamán, quien añade que “los programas que se quedan únicamente en pedir la derogación de las reformas laborales no son programas capaces de generar otro modelo de relación de trabajo, ni siquiera de solucionar el problema de la precariedad”.
Para Guamán: “El problema no está en una determinada reforma laboral, ¿cuál se reforma? La de 2012, la de 2010, las ocho de 2013-144, ¿nos vamos a la de 1994? El problema es que ahora ya estamos en la sociedad de la precarización global, lo que llamamos 'la sociedad del pleno empleo precario'. Hay que reconceptualizar el trabajo, hay que plantear una nueva carta de derechos laborales, pero es algo que sólo se puede hacer a nivel estatal”.
Las competencias
Pese a esos límites, ya sea como reclamo electoral o como avance de lo que vendrá, los partidos se posicionan en ese campo y, a menudo, dejan en segundo plano lo que sí son las capacidades y las competencias de nivel autonómico.
Las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias de las políticas activas de empleo. También las políticas de subsidios y rentas mínimas de inserción, no así las prestaciones contributivas. Entre sus competencias están las políticas de intermediación entre trabajadores y empresas y la colocación de la mano de obra.
Desde los portales y los edificios de los servicios públicos de empleo se gestionan servicios como la demanda y oferta de empleo, las ayudas, las colaboraciones con empresas para la formación y con las agencias de colocación. Algo que, de nuevo, choca con las competencias estatales, ya que una ley para limitar el papel de estas agencias o la intermediación de las ETT debe implementarse a nivel estatal. También el sistema de Formación Profesional Dual y el Plan de Garantía Juvenil, actuales dispensarios de empleo precario.
Otro de los campos en los que sí juegan un papel fundamental las comunidades son las competencias en materia de asistencia social, el desarrollo de servicios sociales y la aplicación de la Ley de Dependencia, “esto es fundamental en el momento económico y social en el que estamos ahora con unos niveles de precarización que no solo implica necesidad de reformas laborales sino una potenciación de la red de asistencia social”, explica Guamán.
Clase de Formación Profesional en Madrid. David FernándezEmpleo público
El empleo que crean las comunidades autónomas sí debe estar en el eje de los discursos. En este sentido, esta profesora de Derecho del Trabajo cree muy valiosos aquellos programas que “sacan a la luz” trabajos que no se entienden como tal, entre ellos los de cuidados, atención a los mayores, la red de dependencia y la puesta en marcha de una red pública y fuerte de escuelas de cero a tres años, ahora en manos del “color” de los Gobiernos.
Educación y, sobre todo, sanidad, competencias de las comunidades qutónomas, son "caladeros" de empleo público que estarán en manos de los Gobiernos que salgan de las elecciones del 24 de mayo y han sido el objetivo de las políticas de recortes aplicados por las autonomías. Tanto Podemos como IU han incidido en que pondrán en marcha otras políticas en estos sectores.
Repensar el trabajo y eliminar la división sexual es uno de los puntos fuertes de la opción que defiende Guamán, y la coalición IU, con su propuesta de trabajo garantizado: “En el programa de IU se anuncia en el marco de las comunidades sabiendo que debería ser una normal estatal, pero que debe contar con municipios y comunidades autónomas para desarrollarlo”.
Por último Guamán considera que las medidas de abaratamiento de las cotizaciones propuestas por partidos de centro y centro-derecha un demostrado su fracaso “desde 2012”, dado que aunque se abarate la puesta en circulación de mano obra, sigue sin solucionarse el problema principal “dónde se coloca la producción”. Este tipo de políticas están “influyendo en la devaluación del concepto de trabajo, se le resta dignidad” además de vaciar la hucha de la seguridad social, lo que justifica el discurso sobre la fragilidad del sistema público.
Los programas
PP. Menos impuestos
Los populares defienden sus políticas sobre el mercado de empleo pero piden una “vuelta de tuerca”, que se centrará en la reducción de impuestos a nivel autonómico. Entre las medidas propias del mercado de trabajo, los populares apuestan por implementar un “nuevo modelo de formación para el empleo”. La “mejora de la empleabilidad” pasará, según el PP, por la colaboración público-privada, los incentivos a la contratación y la lucha contra el empleo irregular y el fraude.
PSOE. Mayores y emigrantes
Su programa propone un fondo del 2% del presupuesto autonómico para políticas activas de empleo para mayores de 45 años. También plantea un retorno de los jóvenes “que se marcharon buscando oportunidades”, el llamado Plan de retorno del Talento Científico y Profesional.
IU. Trabajo garantizado
La propuesta de Trabajo Social Garantizado, una propuesta encaminada a lograr el pleno empleo mediante la intervención estatal, marca el horizonte del programa de IU en su programa autonómico. Es una medida, como explica Adoración Guamán, que ha participado en la elaboración de esta propuesta, que está a caballo de las competencias entre Estado y Administraciones autonómicas y locales, que serían las encargadas de poner
Además, la coalición defiende una línea de actuación encaminada al empleo sin precariedad en la contratación pública. Una propuesta que comparten otras formaciones de ámbito municipal como Barcelona En Comú. IU propone además “crear un observatorio por el empleo con participación ciudadana, sindical y social para seguir la evolución del empleo en el ámbito territorial del que se trate y proponer las medidas adecuadas”.
Podemos. Economía de los cuidados
Además de las medidas generales sobre jornada laboral y reforma de los programas de incentivos a la contratación, Podemos introduce la creación de una “Oficina Pública de Protección frente a la Discriminación”. También se apuesta por una política de empleo público dentro de las comunidades encaminada a recuperar el poder adquisitivo del sector público. Podemos también introduce novedades en materia de conciliación y reconocimiento de la economía de los cuidados, la situación de las empleadas de hogar y la homologación de los currículos de las personas migrantes.
Ciudadanos. Apoyo fiscal a PYME
Políticas fiscales de abaratamiento de las cotizaciones sociales para empresas que contraten en condiciones de indefinidos y apoyo a la financiación de PYME y autónomos son las medidas estrella del plan de Ciudadanos de medidas de “reactivación económica”, el programa-marco de la formación naranja.
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