"La emergencia habitacional tiene un fuerte impacto sobre la salud y la infancia"
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Algunos de los datos presentados en el informe
/ OBSERVATORI DESC / PAH
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El informe es el resultado de las encuestas realizadas a casi un millar de personas que han contactado con la PAH entre los meses de octubre de 2014 hasta febrero 2015, y desvela que estos procesos de emergencia habitacional afectan no sólo al derecho a la vivienda, sino también a la salud de las personas afectadas, incluyendo menores.
"Hemos querido poner nombres, caras y datos a la grave situación de emergencia habitacional que atraviesa el país", explican sus autores.
En Catalunya se calcula que, entre 2008 y 2014, 364.550 personas se han visto afectadas por 54.000 desahucios y 115.000 ejecuciones hipotecarias. Este dato contrasta con el número de pisos vacíos existentes en la comunidad, cifrados en 448.356 por el INE. Por el contrario, el parque de vivienda pública no llegaría al 2% del total en Catalunya.
"La media europea de vivienda pública es del 18%. Para alcanzarla, Catalunya necesitaría contar con 440.000 pisos en alquiler social, para aquellas familias que no tienen ingresos suficientes", explica Carlos Macías, integrante de la PAH. Habría, por tanto, viviendas vacías suficientes para cubrir esta demanda.
"Los recursos los tenemos, faltan políticas que hagan que estas viviendas cumplan su función social, que es lo que no se ha hecho hasta ahora", se lamenta Macías.
El informe denuncia también la dejación por parte de las administraciones públicas a la hora de aportar datos sobre el impacto que está teniendo la crisis hipotecaria en la población. Los únicos datos publicados sobre el tema se corresponden al informe realizado por el Observatorio DESC y la PAH en 2013, bajo el título Emergencia Habitacional en el Estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derecho, elaborado a partir de 11.000 encuestas a personas afectadas, ante la falta de datos oficiales. "En ese informe ya se apuntaba el importante número de menores que estaban en estos procesos", explica el integrante de la plataforma.
Los resultados del informe actual desvelan datos sorprendentes. El 45% de las familias afectadas por estos procesos no estarían en situación de desempleo. "Esto viene a señalar la precarización de la clase trabajadora que, a pesar de tener trabajo, se ve abocada a procesos de desahucio", apunta el representate de la PAH.
Además, un 80% de las personas afectadas han nacido en el Estado español, y el 52% tienen menores a su cargo. De este porcentaje tan sólo un 26% habría recibido atención por parte de los servicios sociales. Macías explica que este dato destapa una tarea pendiente de las administraciones públicas, que "no pueden dar por hecho que la ciudadanía, y la que está viviendo estos procesos, sabe dónde tiene que dirigirse para recibir ayudas".
Uno de los datos más devastadores incluidos en el informe es que un 54,5% de las familias con menores en proceso de desahucio no podrían cubrir las necesidades básicas de alimentación. "Este informe es demoledor, y viene a despejar toda duda sobre la urgencia de que se tramite la ILP pendiente de aprobación por el Parlament de Catalunya", señala Macías.
El impacto sobre la salud de las personas afectadas queda patente: el 80% de las personas encuestadas (78,5% de los hombres y 86,6% de las mujeres) sufren mala salud mental, cuadruplicando el riesgo que tiene la población general. En cuanto al impacto en los menores, un 15,2% de éstos padecerían una mala salud, frente al 3,8% de la población general. Un 50% presentan síntomas de tristeza, frente al 10% en el resto de la población. Y sólo un 17% tendrían buenos resultados escolares.
