Abogados de las clases populares
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Sede central del Col·lectiu Ronda, en Barcelona.
FOTO: ANDREA BOSCH
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Por parte de la patronal desembarcan los abogados de Garrigues, Cuatrecasas, Sagardoy y otros carísimos bufetes, con sus infinitos recursos y grandes conexiones políticas y económicas.
Por los trabajadores suelen comparecer, en el mejor de los casos:
miembros de los gabinetes jurídicos de los sindicatos, con recursos cada vez más exiguos y totalmente colapsados por la multiplicación de casos que afrontar con la crisis.
Por buenos que sean los abogados laboralistas, la desventaja de origen suele ser espectacular desde el mismo momento en que salen al terreno de juego.
GRAN SALTO
De pronto, el Col·lectiu Ronda pide el balón: el histórico bufete de abogados laboralistas de Barcelona, nacido en 1972 para defender los derechos de los trabajadores en el franquismo agonizante, no sólo se consolidó en la democracia, sino que en los últimos años ha dado un gran salto que lo sitúa en un nivel desconocido en décadas para la defensa de los trabajadores y las clases desfavorecidas: suma ya un centenar de trabajadores —el 75%, socios de la cooperativa de trabajo asociado—, se ha expandido más allá del derecho laboral, cuenta con una sede central en Barcelona de 3.500 metros cuadrados en propiedad, con otros seis despachos en Catalunya... Y acaba de abrir una primera oficina en Madrid.
El Col·lectiu Ronda, que entre muchas otras causas lleva la del 15MpaRato, es también uno de los motores para intentar crear la Red de Cooperativas Jurídicas para la Transformación Social, cuyo embrión se reunió en Barcelona en abril. El objetivo no es sólo establecer sinergias entre cooperativas jurídicas con visiones similares, sino sumar para que la voz resuene con más intensidad y el propósito es tener lista la organización este mismo año. En la reunión de abril participaron nueve despachos de Andalucía, Madrid, Euskadi, Galicia y Catalunya.
El gran salto del Col·lectiu Ronda se ha dado manteniendo, además, su ADN, tanto hacia fuera —sólo defiende a trabajadores y sectores desfavorecidos, y en casos en los que cree— como hacia dentro: sigue siendo una cooperativa de trabajo asociado pura, con la pretensión de que los trabajadores acaben siendo socios, y abandera los principios clásicos de la autogestión: una asamblea general soberana con “una persona, un voto” —ya sea abogado con 40 años de experiencia o recepcionista—, cargos rotatorios y sin jerarquías —la presidencia no tiene más poderes que los demás—, y elevado grado de igualitarismo, incluido en los salarios: la ratio actual ronda el 2,5:1; es decir, la diferencia entre el que más cobra y el que menos es de 2,5 veces, cuando en las grandes corporaciones —también en España— no es raro encontrarse ratios de 500:1.
El modelo retributivo del Col·lectiu Ronda es especialmente singular: es el propio trabajador quien propone qué salario le correspondería y él mismo da los motivos para que sus compañeros lo aprueben... o no.
“La autogestión resulta que funciona”, subraya Francisco Pérez, abogado de la cooperativa y miembro de su Consejo Rector. Ni en las escuelas de negocio ni en las facultades suelen explicar este principio, pero en los grandes bufetes al servicio de los poderosos debe de haber llegado alguna noticia al respecto. Al menos en los que han tenido que lidiar con abogados del Col·lectiu Ronda.
[Este artículo ha sido publicado en Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]
