Cobrar la pensión después de morir, la hucha sigue bajando
El Pleno del Tribunal ha aprobado hoy el Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social, ejercicio 2014 en el que también se ha detectado una "deficiente comunicación" entre el INSS y la Tesorería.
En este informe figura tanto el número de perceptores de las pensiones estando fallecidos, 29.321, y el importe girado por la Seguridad Social, que supera los 25 millones de euros, según el Alto Tribunal, que ha detectado que figuran de alta para cobrar la pensión, pero como fallecidos en la base de datos del INE.
El informe advierte de las "lagunas" en el control que el INSS realiza sobre el fallecimiento de los perceptores de una pensión, debido, sobre todo, a las "carencias" de la información que remiten la Dirección General de los Registros y del Notariado y el Instituto Nacional de Estadística (INE).
También se achaca a los criterios establecidos por el INSS para efectuar el cruce informático, "que no garantizan que a partir de la información disponible se detecten y se den de baja a todos los pensionistas fallecidos".
El Tribunal afirma que el INSS no tiene establecido un control de vivencia de los beneficiarios de una pensión "y las entidades financieras colaboradoras en el abono de las pensiones tampoco efectúan de manera sistemática dicho control".
Estas "lagunas" han determinado que durante el periodo 2012-2014 haya prescrito el derecho a reclamar las deudas por un importe de, al menos, 10,28 millones de euros.
Por ello, el Tribunal insta a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.
En relación a la detección de los deudores por cobros indebidos de prestaciones, se señala que se estaban reclamando con dos años de retraso los complementos a mínimos de las pensiones percibidos indebidamente por incompatibilidad con los ingresos del beneficiario.
Según señalan, esto supone un riesgo de cobro indebido del complemento a mínimos en los años sucesivos, ya que la normativa vigente no permite la suspensión cautelar en los casos de reincidencia.
Además concluyen que el INSS no disponía, durante el periodo fiscalizado, de un manual interno para la tramitación de los cobros indebidos de prestaciones que contemplase aspectos como criterios de gestión, controles a realizar, forma de efectuar estimaciones y cálculos, custodia de la documentación, fuentes de datos disponibles, etc.
Diversidad de criterios
Por otro lado, al parecer no hay un criterio uniforme en las distintas direcciones provinciales ante supuestos idénticos o muy similares, debido a que la Dirección General no homogeneiza ni coordina las actuaciones "más allá de dictar instrucciones sobre aspectos parciales de la misma", dice el informe.
Asimismo, el inventario de deudores por prestaciones del INSS a 31 de diciembre de 2014 presenta una serie de incidencias como la omisión de la fecha de resolución de expedientes que ya han sido resueltos, la inclusión de expedientes sin saldo inicial de deuda ni movimiento en el ejercicio, entre otras.
En relación a la recuperación de la deuda por cobros indebidos de prestaciones, según los datos del inventario de deudores, a 31 de diciembre de 2014, la deuda comunicada por el INSS a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) para su gestión de cobro ascendía a 71.683.000 euros, correspondiente a 58.133 expedientes.
Pero durante la fiscalización, este inventario fue remitido a la TGSS para que confirmara su información, y esta comunicó que el importa de la deuda que ella estaba gestionando ascendía a 15.289.000 euros, correspondientes a 174.047 expedientes.
"Esta significativa diferencia indica que existe una deficiente comunicación entre ambas entidades, así como que existe el riesgo de que el saldo del inventario de deudores por prestaciones no refleje su situación real", concluyen.
El Gobierno desmiente al Tribunal de Cuentas y niega haber pagado la pensión a 30.000 muertos
El Gobierno ha negado este viernes que casi 30.000 fallecidos hayan cobrado una pensión en 2014, tal y como se refleja en un informe elaborado por el Tribunal de Cuentas.
En el informe (concretamente en la página 33 del mismo) figura tanto el número de perceptores de las pensiones estando fallecidos, 29.321, como el importe girado por la Seguridad Social, que supera los 25 millones de euros, según el Alto Tribunal, que ha detectado que figuran de alta para cobrar la pensión... pero constan como fallecidos en la base de datos del INE. "De los mencionados 29.321 pensionistas que figuraban con el mismo DNI en la nómina de diciembre de 2014, seguían en la de octubre de 2015 un total de 27.860", añade el Tribunal.
"De forma clara y rotunda tal afirmación no se corresponde con la realidad", ha asegurado este viernes el Ministerio de Empleo en un comunicado. "La Seguridad Social sigue un procedimiento conocido y exhaustivo para controlar la vivencia de los pensionistas".
Según el Gobierno, el control de defunciones se lleva a cabo por cuatro vías: 1) el intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia, 2) el intercambio mensual de datos de defunciones con el Instituto Nacional de Estadística; 3) la detección de fallecimientos por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS); y 4), la presentación anual preceptiva de fe de vida para los residentes en el extranjero.La Seguridad Social desmiente rotundamente que 30.000 personas fallecidas estén percibiendo su pensión pública. https://t.co/TEMRgI2E35— Ministerio Empleo (@empleogob) 22 de julio de 2016
A través de estos métodos, el Gobierno asegura que del total de defunciones producidas en España en 2014 (395.830), el 95% de las mismas fueron comunicadas por el Ministerio de Justicia al INSS a través del intercambio electrónico diario con un desfase inferior a seis días entre la fecha de la defunción y la fecha de la comunicación.
"El 5% restante se detecta a través del INE así como a través el resto de procedimientos citados anteriormente", matiza el Ejecutivo, que dice que con este procedimiento, "el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo o inexistente".
¿Y el banco? Según el procedimiento, cuando la Seguridad Social verifica el fallecimiento de un pensionista, se lo comunica a la Tesorería General y esta, a su vez, a la entidad financiera para que suspenda el abono. En los supuestos en que se hubiese efectuado uno o más pagos tras el fallecimiento, se inicia el procedimiento de retrocesión bancaria para que la entidad devuelva a la Seguridad Social la cantidad pagada indebidamente.
En cuanto al INSS, el Tribunal realiza las siguientes recomendaciones:
- Dar un tratamiento único a los pagos indebidos en la prestación de incapacidad temporal, en su modalidad de pago delegado, bien como deuda por deducciones de cuotas indebidas a la Seguridad Social, bien como deuda por pago indebido de prestaciones.
- Realizar, para mejorar la eficacia y eficiencia de los procedimientos de gestión y control de los cobros indebidos, entre otras, las siguientes actuaciones: elaborar un manual de gestión de cobros indebidos de prestaciones; diseñar una aplicación informática integral, para su utilización por todas las direcciones provinciales; analizar si los recursos humanos y materiales disponibles para la gestión de los cobros indebidos son los adecuados; realizar actuaciones para conciliar y, en su caso, depurar el saldo de la deuda en gestión de cobro por la TGSS, y perfeccionar los procedimientos de comunicación y de flujo de información entre ambas entidades a estos efectos.
- Realizar, en materia de control del fallecimiento de beneficiarios de una pensión, las siguientes actuaciones: analizar los supuestos de coincidencia de pensionistas que figuran como fallecidos en la base de datos del INE, con el fin de depurar la base de datos de perceptores y de evitar situaciones de pagos indebidos; verificar los supuestos de pensionistas que figuran en nómina y cuyo posible fallecimiento no figure ni en la información remitida diariamente por la Dirección General de los Registros y del Notariado ni en la mensual del INE, e instar a las entidades financieras a que efectúen un control de vivencia de los pensionistas y que remitan la correspondiente comunicación, y a las direcciones provinciales a que realicen de manera sistemática un control de vivencia, al menos trianual, con el fin de interrumpir el plazo para que opere la prescripción.
SOMOS sindicalistas 20minutos | Imagen Steve Buissinne
