LA ESTAFA EN LA CONTRATACIÓN DE EE.PP INTERINOS EN ESPAÑA
SE
SIGUE DESTAPANDO LA ESTAFA EN LA CONTRATACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO EN ESPAÑA. EL
ESTADO ESPAÑOL TIENE EN SU MANO LA SOLUCIÓN DEL PROBLEMA, CON EL MENOR COSTE
POSIBLE Y SIN QUE ELLO SUPONGA LA CONDENA AL PERSONAL EXPLOTADO.
Miles de trabajadoras y
trabajadores estafados han salido a la calle el pasado día 15 de febrero para
exigir que se corrija el incumplimiento legal que todas las Administraciones
Públicas, sin excepción, han realizado durante décadas. En resumen, se trata de un abuso enorme
de la contratación temporal en todas las AA.PP. que ha supuesto que un
porcentaje muy elevado de EE.PP. de todos los sectores y desempeñando múltiples
funciones, lleven muchos años trabajando en fraude de ley, en condiciones
precarias y sin posibilidad de consolidar sus plazas. Se barajan cifras que
marean, entre 500.000 y 800.000
personas pueden estar afectadas por esta GRAN ESTAFA QUE ALGUNOS PRETENDEN CONVERTIR
EN UN ERE ENCUBIERTO.
Si esta gran irregularidad en
la contratación la hubiera realizado una empresa privada, o incluso una
sociedad pública mercantil, tendría sanciones enormes siendo una de esas
sanciones la transformación a fijo de todas las personas contratadas en fraude
de ley, pero para las Administraciones Públicas no hay legislación que castigue
esta perversión en la contratación de su personal. Ante esta situación desbordante, y ante
las denuncias que ya trascendían a la Unión Europea, en el año 2017 para
resolver el problema que ellos mismos habían creado, el anterior Gobierno a
través del Ministro Montoro se reunió con los Sindicatos CCOO UGT y CSIF para
perpetrar y regular el ERE/DESPIDO sin indemnización ni reconocimiento de
derechos a todas esas personas que han trabajado durante décadas para el pueblo
(personal sanitario, bomberos, maestros administrativos, personal de la
administración de justicia, etc.). Estos “ejecutores” dijeron que las personas
que llevan muchos años desempeñando las funciones sin ningún problema,
concatenando contratos y/u ocupando puestos estructurales durante décadas, que
han contribuido a salvar entre otros servicios públicos la sanidad y la
educación, tienen que demostrar en unas pruebas enfrentándose a otros cientos
de miles de candidatos que son aptas para realizar el trabajo que llevan
desempeñando durante décadas. “Esto es
de locos”. Que si no supera esas pruebas se va a la calle, en muchos casos
con más de 50 años y sin derecho a indemnización, es decir avocados en muchos
casos a la exclusión social. Lamentamos la falta de sensibilidad de estas
cúpulas sindicales que han vuelto a demostrar su falta de apoyo y su lejanía a
las trabajadoras y trabajadores de este País.
El tribunal europeo tiene que
resolver el próximo día 19 de marzo cuál tiene que ser el
castigo para que las
AAPP no sigan cometiendo el fraude de ley en la contratación. Desgraciadamente,
ni los Gobiernos ni los Tribunales Nacionales han resuelto este problema y
tiene que intervenir Europa para poner orden y terminar de destapar la enorme
irregularidad existente.
El coste para el Estado (es
decir para todos nuestros bolsillos) si no se aportan otras soluciones o si el Tribunal
Europeo no lo deja todo muy claro y cerrado, va a ser muy elevado por los
siguientes motivos:
·
Se perderá la experiencia laboral y aprendizaje
de todas las personas sustituidas.
·
Se tendrá que indemnizar a todas las personas
que demanden los despidos, que serán cientos de miles, con la consiguiente
sobrecarga de trabajo y coste a los Tribunales de Justicia.
·
Se tendrá que pagar el subsidio de desempleo
durante el tiempo de paro.
·
Abocaremos a personas con estructura social y
económica normalizada a la pobreza.
Como hemos venido poniendo de
manifiesto en reiteradas ocasiones, en nuestra opinión existen alternativas
mucho menos costosas tanto económica como socialmente que solucionarían el
problema. Sería tan sencillo como sacar todas las plazas que estén vacantes en
cada año en las ofertas de empleo que no estén vencidas, legislar de forma
clara para impedir que a partir de ahora se incurra en fraude de ley por estar
las plazas ocupadas de forma interina o temporal durante más de tres años,
prolongar en el tiempo la obligación de cumplir con la reducción de la tasa de temporalidad
de las AA.PP. y sacar a oferta de empleo las plazas del personal que está en
fraude de ley cuando se vayan quedando vacantes dichas plazas. Todo ello con
independencia de que se puedan realizar concursos de méritos u otras fórmulas
que se consideren oportunas y necesarias pero que no provoquen el despido de
nadie. Entendemos que esta fórmula
evitaría todos los problemas mencionados, y el coste solo sería la prolongación
en el tiempo de la oferta de empleo de las plazas ocupadas por las personas
cuyos contratos actualmente están en fraude de ley.
NO
SE PUEDE PENALIZAR/SACRIFICAR A QUIEN DESEMPEÑA EL TRABAJO PÚBLICO EN FRAUDE DE
LEY
Desde SOMOS SINDICALISTAS hacemos
un llamamiento al actual Gobierno del Estado y a los Grupos Parlamentarios del
Congreso para que actúen con la responsabilidad y la sensibilidad que requiere
este enorme problema, impidiendo que se consume una medida que genere un
sufrimiento innecesario a las personas y un boquete de indemnizaciones al
erario público.
Hacemos
también un llamamiento a todas las personas afectadas, organizaciones
sindicales, asociaciones, plataformas, etc. que se han movilizado para protestar
contra esta injusticia a que sigan luchando y apoyando a la mano de obra de los
Servicios Públicos, a quienes quieren echar a los perros después de haber
servido bien a la ciudadanía, basándose en un indecente y desalmado acuerdazo
de los vendeobreros de siempre.
GOBIERNE
QUIEN GOBIERNE, EL EMPLEO SE DEFIENDE
Madrid
a 26 de febrero de 2020